En medio del debate que podría llevar a la eliminación de los peajes en el Perú, cuatro instituciones del Estado emitieron un comunicado conjunto para defender este mecanismo como una fuente de financiamiento indispensable para la conservación y operación de las carreteras. El pronunciamiento fue firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

La defensa se da luego de que, como adelantó en exclusiva Gestión, el Tribunal Constitucional (TC) evalúa anular el peaje de otra concesión vial. En esta ocasión, el TC analiza un nuevo proceso relacionado con el cobro en la concesión del tramo Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia, administrada por Covinca, donde se cuestiona el cobro por la presunta inexistencia de una vía alterna. El caso surgió porque un ciudadano presentó un reclamo aludiendo afectación a su derecho al libre tránsito, tal como ocurrió previamente con Rutas de Lima.

Las cuatro instituciones señalaron en su comunicado que resulta indispensable contar con un esquema de financiamiento sostenible en las carreteras urbanas para asegurar que estas vías mantengan adecuados estándares de calidad, seguridad y continuidad operativa. “Este modelo complementa los recursos públicos y favorece la continuidad de proyectos que impulsan la competitividad, la conectividad y el crecimiento económico del país”, indicaron.

Asimismo, recordaron que el desarrollo de la infraestructura vial no solo requiere recursos para construir nuevas carreteras, sino también para financiar su conservación, rehabilitación, operación y servicios como el auxilio vial, la atención de emergencias, la señalización, la gestión del tránsito y las acciones de seguridad vial. Según el comunicado, estas intervenciones permiten prolongar la vida útil de las vías, reducir los costos logísticos y ofrecer mejores condiciones de movilidad para los usuarios.

El pronunciamiento también hace referencia a las necesidades de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de las estaciones de peaje. Las instituciones indicaron que el marco normativo vigente contempla mecanismos que permiten atenderlos “de manera focalizada, preservando el equilibrio financiero de los proyectos y garantizando la continuidad de las inversiones”.

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