Entre agosto de 2024 y mayo de 2026, solo en Lima Metropolitana y Callao, el Ministerio Público registró 214 atentados contra el transporte público, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. A esa cifra se suman 15 usuarios fallecidos. Así lo detalló este domingo Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, en diálogo con RPP.
“Los atentados siempre se han producido en motos o sino en el llamado falso pasajero, que sube y atenta directamente dentro del bus. Las cifras son aterradoras”, enfatizó el dirigente, quien además alertó sobre “la escalada de eventos de sicariato y extorsión” contra trabajadores y usuarios del servicio público.
Bretoneche también se refirió a la difícil situación de los conductores heridos. “Hoy en día también venimos peleando con el tema o luchando por la recuperación de los conductores que están gravemente heridos. Hay un conductor que se sigue batiendo entre la vida y la muerte, que recibió cinco balazos en su cuerpo. Hasta el día de hoy, después de casi 6 meses, sigue con unas terapias y no está fuera de peligro”, agregó.
Ante este panorama, el dirigente reconoció que la Policía ha realizado capturas de integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión, pero sostuvo que “los resultados que se quieren y que darían tranquilidad al transporte no los tenemos”.
“Definitivamente, no hay los resultados que se quieren. Es cierto que hay algunas capturas que se producen, pero los resultados que se quieren y que darían tranquilidad al transporte no los tenemos, porque todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía”, afirmó el dirigente. Para Bretoneche, la ausencia de avances en la lucha contra la criminalidad que golpea al transporte público responde a la falta de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Desde el 2021 a la fecha hemos tenido muchos ministros, un ministro cada 10 días. No ha habido estabilidad ni siquiera en el Ministerio del Interior. Diecisiete ministros desde el 2021 es atroz. No ha habido políticas continuas. Entonces, esto ha acarreado toda esta inestabilidad que hoy actualmente nos golpea”, sostuvo. “Los atentados todos los días se producen, así como las capturas también. Pero esto es un reflejo de la falta de una política de Estado que se haya continuado en el tiempo, de la inestabilidad política también”, acotó. El representante del gremio advirtió que la extorsión se está “normalizando” en su sector, lo que genera enormes pérdidas económicas. “Estamos llegando al punto de que ya se hace algo normal. Recordemos que la extorsión inició hace cuatro décadas en el Perú, con la organización criminal Los Pulpos en Chiclayo, en La Esperanza. Y de ahí saltó a Trujillo, Piura y vino a Lima en el tema de construcción civil. Entre comillas, se tuvo que legalizar la extorsión, poner algún promedio de 5 % en los contratos de construcción [para] seguridad, entre comillas; pero sabemos que eso es para pagar extorsión”, indicó.“Las empresas están acostumbrándose a pagar y eso no puede ser. Hay empresas que ya prácticamente están al borde de la quiebra”, advirtió el dirigente, quien señaló que “estamos llegando a una etapa de normalización, que todos los días atenten y eso no puede ser”. Ante esta situación, hizo un llamado a la presidenta electa Keiko Fujimori para que garantice “estabilidad política” y no descartó un encuentro con ella antes de que asuma el gobierno. “Seguramente habrá una reunión, ha habido algunos contactos, pero muy dispersos. Entonces, seguramente en su momento habrá una reunión con la señora Keiko Fujimori, que sería lo ideal para transmitir nuestra problemática, pero esperaremos. La verdad que queremos también darle el espacio debido. No queremos ejercer una presión porque no sería, creo, responsable”, puntualizó.
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