El Tribunal Constitucional (TC) se alista para emitir un fallo que podría afectar a otra concesión vial en el Perú, similar al que ya ordenó suspender el cobro de peajes en Rutas de Lima (RdL). Esta vez, la controversia gira en torno al tramo Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia, donde un ciudadano reclama la suspensión del cobro por la presunta inexistencia de una vía alterna.

La concesión es administrada por la empresa colombiana Covinca desde 2013 y su vigencia se extiende hasta 2038. El caso, del que da cuenta Gestión, se originó cuando el Poder Judicial validó una demanda de habeas corpus presentada por un ciudadano contra Covinca, alegando que el cobro de peajes en la carretera que da acceso a sus propiedades en el Asentamiento Humano Miramar II Etapa afecta su derecho al libre tránsito.

Este reclamo se presentó siete meses después de que el TC declarara fundada una demanda contra RdL en Lima, que ordenó suspender el cobro de su peaje en Puente Piedra por la misma razón: la afectación al libre tránsito. Aquel fallo fue uno de los primeros pronunciamientos judiciales que terminaron obligando a RdL —cuyo principal accionista es Brookfield— a retirarse del Perú y demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En octubre de 2024, Ositrán emitió un comunicado manifestando su profunda preocupación por la decisión del juzgado de Camaná, Arequipa, ya que consideraba que “sentaba un precedente que podría disuadir futuras inversiones en infraestructura vial bajo el esquema de concesiones”. Ahora, el TC deberá pronunciarse sobre el reclamo del ciudadano, y su decisión podría tener consecuencias que trascenderían a Covinca, según advierte el diario Gestión.

El caso de Covinca, que involucra el peaje en Camaná, ya se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC) y, según el propio concesionario demandado, estaría cerca de resolverse. Tras las audiencias realizadas a finales de junio, Edilson Coral, gerente general de Covinca, señaló a Gestión que “entendemos que está actualmente en evaluación y podría [tenerse un fallo] en agosto. Esperamos que puedan analizar el caso con más profundidad, considerando el impacto y las diferencias [con el caso RdL]”.

Frente a este panorama, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) volvió a emitir un comunicado advirtiendo del peligro de que el TC tome como “precedente” el caso de Rutas de Lima (RdL). Sin embargo, ahora el regulador daría un paso más adelante: Gestión conoció que Ositrán ha solicitado al TC hacer uso de la figura de “Amigo de la Corte” para exponerle las consecuencias que tendría, para todo el sistema de transporte nacional concesionado existente y en promoción, que se anule también este peaje.

Brenda Sparrow, gerente de asuntos legales y regulatorios de ComexPerú, explicó que la intención del regulador debe ser aprobada primero por el TC. “Ese rol no implica que Ositrán defienda a alguna de las partes, pero sí que busca, como un tercero especializado, aportarle al TC criterios técnicos y jurídicos para resolver. Su participación sería crucial para evaluar las consecuencias regulatorias e institucionales que podría tener la sentencia”, aclaró.

El TC, consultado por este diario, evitó pronunciarse sobre esta solicitud de Ositrán y menos sobre el caso en sí, hasta que se emita el fallo final.

Si bien se aluden afectaciones similares, el caso que analiza ahora el TC sobre el peaje de Covinca en Camaná no sería un calco de lo que evaluó el Tribunal sobre RdL.

Ositrán advierte que un fallo judicial pone en riesgo la sostenibilidad de los contratos de concesión de la Red Vial Nacional, afectando la inversión y el mantenimiento de las vías. Foto: Ositrán.

El gerente de Covinca, Coral, remarcó que los peajes de Camaná ya existían antes de que iniciara la concesión en 2013. “El Estado peruano hizo la carretera hace muchos años, con 4 unidades de peajes. Todo eso fue antes del 2013, cuando nos las entregaron para hacerle mejoras con las inversiones que hacemos y mantener un nivel de servicio. Tampoco es cierto que el ciudadano no pueda acceder a su casa”, afirmó. La principal diferencia, según él, es contundente: esos peajes, que ahora administran para sostener los pagos de operación y mantenimiento de las vías, ya estaban operativos antes de que Covinca asumiera el control.

Sparrow, quien ha seguido el proceso, confirmó lo dicho por Coral y añadió que “la controversia gira en torno al acceso a propiedades que se construyeron posteriormente al inicio de la concesión. Aparte, en el proceso se acreditó, con acta policial, que existen hasta 7 accesos distintos hacia la zona”. Coral sumó que el demandante no inició su pretensión legal usando el “precedente” de Rutas de Lima (RdL) para convencer a las autoridades. “Con escritos posteriores el demandante amplió su pretensión, reconduciendo una demanda individual hacia una controversia de alcance colectivo. Esto pasó después de la sentencia sobre el peaje de Puente Piedra”, aseguró.

Tras el retiro de Rutas de Lima, los peajes del tramo sur quedaron inactivos y el mantenimiento de las vías quedó en manos de la Municipalidad de Lima. Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec.

Sparrow también cuestionó el uso de una norma en el proceso: la Ley N.° 15773, emitida en 1965, bajo un contexto normativo anterior al régimen actual de concesiones, las Asociaciones Público Privadas (APP) y la Red Vial Nacional (RVN). Según él, se pretende imponer obligaciones que no están previstas ni en la ley vigente ni en los contratos de concesión. La vocera de ComexPerú reclamó: “El caso de RdL se resolvió bajo esa norma, a pesar que está desfasada. Se creó un régimen de promoción de la inversión privada por algo. El TC lo sigue aplicando y eso, desde la mirada jurídica, está mal”.

El temor de Sparrow se centra en la percepción que los inversionistas extranjeros puedan tener al ver que, con los casos de Rutas de Lima y ahora Covinca, se pone en tela de juicio el peaje, el mecanismo que financia la operación de la infraestructura. “Tiene una razón de ser: es un mecanismo previsto para financiar la operación. El concesionario tampoco fija el valor que quiere, se acuerda con el Estado y si se quiere renegociar, el contrato prevé las formas. Las autoridades deben respetarlo, no pueden ir por una vía distinta”, sostuvo.

En contraste, Covinca no planea retirarse del país. Según Coral, la empresa analiza postular a nuevas concesiones viales en el Perú. “Tenemos confianza. Estamos muy atentos a las convocatorias que hace ProInversión. Creemos en el país y esperamos seguir haciendo inversiones”, anticipó. La compañía apunta, como informó Gestión en enero, al paquete de nuevas concesiones viales que ProInversión estructura por encargo del Ministerio de Transportes para más de 5,000 kilómetros de la Red Vial Nacional (RVN). Se trata de tramos que nacieron con el Estado, pero que podrían ser encargados a privados próximamente, tal como ocurrió con Covinca.

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