La negativa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, es el principal obstáculo que enfrenta el presidente José María Balcázar en su afán por indultar a Pedro Castillo. Según la Constitución, ningún acto del mandatario es válido sin el refrendo ministerial, por lo que mientras Jiménez Borra se oponga a ese acto “ilegal por donde se mire”, las rejas del penal Barbadillo no se abrirán para el golpista condenado en primera instancia a 11 años de cárcel.

Sin embargo, el interés de Balcázar por liberar a Castillo es tal que no se descarta que en cualquier momento destituya al titular de Justicia. El reemplazo podría ser algún “castillista o cerronista”, como acaba de ocurrir en las carteras de Educación y Promoción del Empleo, y todo esto a solo dos semanas de que el actual gobierno deje el poder. Balcázar, quien llegó a Palacio de Gobierno impulsado por las bancadas de izquierda que consideran a Castillo como un “preso político”, incluso ha recurrido a un informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas —calificado como un “mamarracho” y una mera opinión no vinculante— para justificar la liberación de quien intentó instaurar una dictadura en el Perú.

Castillo y sus acólitos, incluido su “imitador Roberto Sánchez”, están desesperados. Saben que el tiempo se les acaba el 28 de julio y quieren ver libre al golpista “a como dé lugar”. Para ellos, esa es su única esperanza de mantener vigencia en su afán por llegar al poder y destruir al país en nombre “del pueblo”.

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