Minería ilegal: ¿qué proponen los candidatos sobre las plantas procesadoras de oro?

En el centro de la lucha contra la minería ilegal, que financia sicariato, extorsiones y otros delitos, las plantas procesadoras o de beneficio han cobrado un rol protagónico. Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), explicó que estas instalaciones se encargan de procesar los minerales para elevar su valor comercial. En los últimos años, su presencia se ha incrementado, sobre todo en la costa del Perú, para atender la producción de mineros de pequeña escala y artesanales. Sin embargo, el problema radica en que, entre la informalidad, se camufla la ilegalidad.

“El gran tema es que las plantas reciben mineral de todos: formales, informales e ilegales. Uno que tiene su Reinfo suspendido puede acercarse, pues no hay un control estricto sobre la legalidad del mineral ni de la vigencia del registro. No hay control de la cantidad del mineral ni precios justos [para quienes llevan su producto]. No hay una forma de acreditar en general. Incluso, con los precios altos de los metales, hay un incentivo para solo procesar”, describió Incháustegui.

Ante este escenario, Gestión analizó los planes de gobierno de los más de 30 candidatos presidenciales para conocer sus propuestas sobre estos espacios clave, más aún por su rol en la lucha contra la ilegalidad o su expansión descontrolada. De los 35 planes subidos al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destaca que 19 no contienen referencia alguna a las plantas de procesamiento ni realizan apuntes relacionados con esta fase de la producción minera. Entre los candidatos que omiten el tema figuran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Carlos Álvarez (Partido País para Todos), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), entre otros.

Roque Benavides Ganoza, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, calificó como “altamente preocupante” que menos de la mitad de los candidatos presidenciales tenga propuestas sobre las plantas procesadoras de oro, espacios clave ante la expansión de la minería ilegal. El exministro Inchaustegui coincidió en que hay despreocupación y desconocimiento sobre el tema, y señaló que “en varias menciones de los candidatos hay medidas muy superficiales”.

Entre los postulantes que sí presentan iniciativas, los niveles de detalle varían. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, propone culminar la implementación nacional del SIPMMA (Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal) para la trazabilidad de insumos y minerales. Jorge Nieto, de Buen Gobierno, plantea crear una plataforma digital integrada de trazabilidad del oro y otros minerales; mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, menciona la implementación de plantas de beneficio en los parques mineros. Las propuestas van desde solo mencionar la relevancia de la trazabilidad del mineral hasta estructurar sistemas de interoperabilidad, pasando por optimizar las fiscalizaciones.

Benavides apuntó que uno de los principales problemas alrededor de las plantas procesadoras es la “descentralización” y la configuración de un “doble estándar” en su evaluación y fiscalización, según sus capacidades de procesamiento. Esto distorsiona el rubro y abre espacio para defraudar y el avance de la ilegalidad. “No puede ser que, en el Perú, haya un doble estándar para las plantas: las que registran por encima de las 350 toneladas por día son fiscalizadas por el Minem, el Gobierno central; y las que están por debajo de ese nivel, por la Dirección Regional de Energía y Minas de cada región. Y es evidente que hay mucha flexibilidad o corrupción en muchas de las regiones”, comentó.

Benavides relató una experiencia concreta que evidencia la evasión de controles: “Soy testigo de excepción de haberle preguntado a un minero teóricamente fiscalizado por una dirección regional sobre la capacidad de su planta. Me respondió que, en teoría, era de 350, pero que en verdad su capacidad soportaba las 850. Me dijo que reportaba menos para que lo fiscalice la dirección regional. Esto es un gran problema”. Así, las plantas registran adrede información incorrecta para evitar fiscalizaciones del Gobierno central.

Ante este escenario, Benavides propuso encargar a una sola autoridad la fiscalización con los mismos estándares (medioambientales, laborales, de operación, de seguridad, de la Sunat, entre otros). Sugirió que esta tarea recaiga en el Minem. Por su parte, Incháustegui, considerando el aumento de plantas de beneficio en el país, señaló que resulta urgente promover procesos de acreditación que aseguren el bloqueo por cualquier vía a la ilegalidad. Planteó que esta acreditación podría otorgarla un tercero, como el Minem, la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o un organismo internacional.

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