Entre enero y junio de 2026 se registraron de manera preliminar 90 denuncias por presuntos actos de corrupción en el sector Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), según el analista de datos Juan Carbajal. Junio fue el mes con mayor incidencia, con 20 casos reportados, de acuerdo con cifras de la Central Única de Denuncias y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
De ese total, el 94,4% de las denuncias (85 casos) involucra a la Policía Nacional, mientras que el 5,6% restante corresponde al sector Interior. Lima Metropolitana concentra el 36,7% de los reportes, con 33 denuncias, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.
En diálogo con La República, el excomandante general de la PNP Eduardo Pérez Rocha señaló que estas cifras deben analizarse junto con otros indicadores que evidencian problemas al interior de la institución. Precisó que, a finales de 2025, 1.456 efectivos fueron pasados al retiro, de los cuales 570 estaban vinculados a actos de corrupción. Además, hasta diciembre del año pasado, la Inspectoría General impuso 4.188 sanciones a oficiales y suboficiales.
Pérez advirtió que el 50% de las sanciones por faltas graves y corrupción recae en suboficiales de tercera, es decir, efectivos recientemente egresados. "Esto demuestra que lamentablemente no hay una buena selección del personal que va a seguir la escuela de suboficiales y, de igual manera, de oficiales", sostuvo. La tendencia creciente de denuncias durante 2026 refleja una crisis institucional que, según el excomandante, requiere atención urgente en los procesos de selección y control interno.
El excomandante general de la Policía también cuestionó las declaraciones del actual comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Arriola, sobre una supuesta reducción de las denuncias por extorsión. "Me llama la atención escuchar al comandante general de la Policía decir que en lo que va del año no han disminuido las denuncias por extorsión. No se han disminuido, esto está en aumento, lo está diciendo el Instituto Nacional de Estadística", advirtió Pérez Rocha.
Durante el primer semestre de 2025, cerca de 973 policías permanecían en centros penitenciarios con prisión preventiva por delitos graves, según detalló. El deterioro institucional, explicó, se vincula con los cambios introducidos al régimen disciplinario policial durante la gestión del exministro del Interior Carlos Basombrío. Antes de la reforma, la Inspectoría de la Policía investigaba, sancionaba y expulsaba a los efectivos involucrados en hechos irregulares. "Se dejó en un tercer nivel a lo que es inspectoría (…) Ahora se ha creado el Tribunal Administrativo Disciplinario, compuesto por civiles que son nombrados y dependen del ministro. Ya no es la Inspectoría la que investiga determinados casos graves", señaló.
Pérez Rocha afirmó que la confianza ciudadana en la institución policial se ha "deteriorado" en los últimos años. La falta de una respuesta eficaz frente a la criminalidad y la permanencia de malos elementos dentro de la institución afectan la percepción ciudadana. "Tenemos, lamentablemente, delincuentes uniformados, que antes no se veía porque inmediatamente se les expulsaba", manifestó.
Corrupción estructural
A este panorama se suma el análisis del exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, quien sostiene que la corrupción en la institución es una consecuencia de las economías ilegales en el Estado en coordinación con agentes políticos.
En declaraciones a La República, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza vinculó el incremento de denuncias por corrupción a la falta de estabilidad y liderazgo en el sector. “El problema estructural es la ausencia de control debido a la alta movilidad de autoridades en el sector Interior, ministros y comandantes generales de la Policía. Cuando no hay liderazgo y dirección, el servicio se flexibiliza y los espacios para la corrupción son mayores”, señaló.
Por su parte, el exministro del Interior y también analista, quien prefirió no ser identificado con otro nombre en la nota, coincidió en que la crisis es endémica y ha sido agravada por una instrumentalización política del sector en los últimos años. “La corrupción es estructural. Se tiene que reformar todo, especialmente el proceso de captación y formación de nuevos agentes y la administración de los fondos públicos”, indicó, sumándose a lo señalado por Pérez Rocha.
Vargas advirtió que la confianza ciudadana en la Policía Nacional “está en su peor momento”, en un contexto donde la percepción de inseguridad supera el 90% de la población. Atribuyó el “desborde criminal, la impunidad con la que se mueven los mineros ilegales, los traficantes de drogas, los contrabandistas” a “las complicidades que salen de los operadores de la administración de justicia y de los políticos”.
Frente a este panorama, propuso que las unidades ejecutoras de la PNP sean gestionadas por gerentes civiles y que se repotencie la Oficina de Asuntos Internos para garantizar investigaciones imparciales, superando las limitaciones de la actual Inspectoría General. Además, planteó que el paso al retiro para el personal involucrado en corrupción “sea célere y sin posibilidades de retorno”, y que el personal asignado a zonas de alta criminalidad sea sometido a un “juicio de residencia”, estableciendo así un control obligatorio al finalizar sus funciones.
El exministro advirtió que la corrupción, junto con la falta de efectividad y el debilitamiento de los controles, "termina impactando negativamente en la percepción ciudadana sobre la policía". Según las cifras de la Central Única de Denuncias, más de la mitad de los casos (53,3%) fueron derivados a órganos de la propia PNP, mientras que el 36,7% fue remitido a la Inspectoría General de la institución. "Es una situación preocupante", señaló. Consultado sobre las medidas necesarias, Pedraza consideró prioritario fortalecer los mecanismos de supervisión interna y designar a personas que no prioricen intereses personales y políticos. "La primera medida es que el Estado tenga un liderazgo claro, preferentemente con un ministro civil que no tenga compromisos con grupos internos. Además, es imprescindible fortalecer los sistemas de control, particularmente las inspectorías, porque el control que están llamados a ejercer parece poco eficiente", sostuvo. Añadió que, si bien la corrupción no puede ser eliminada completamente, sí es posible reducirla mediante un adecuado liderazgo y un fortalecimiento de la fiscalización dentro de la institución policial. Estos casos, advirtió, terminan afectando la confianza de la ciudadanía en la institución policial.
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