El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue "arbitraria" y recomendó su liberación. En un comunicado, la Cancillería aclaró que dicho reporte "no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia internacional" y que sus conclusiones no modifican las decisiones de las autoridades peruanas.

Según la Cancillería, este grupo de trabajo es un "mecanismo de supervisión no jurisdiccional" integrado por profesionales independientes, y sus opiniones buscan fomentar el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Por ello, precisó que "no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno".

El informe de los expertos de la ONU se refiere a la situación legal de Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, desde su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. En el documento, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la detención del exmandatario fue "arbitraria" y careció de base legal, al vulnerar el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los expertos de la ONU instaron al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de Castillo "sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes". Sin embargo, la Cancillería remarcó que estas opiniones "no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes", restando así efecto vinculante al pedido de liberación del exmandatario.

En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó a Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el intento de golpe de Estado. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de la ONU ha emitido un informe en el que señala que, "teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

Dicho pronunciamiento ha generado diversas reacciones. El excanciller Javier González-Olaechea calificó el documento como "una opinión" y no un fallo internacional. Por su parte, el abogado José Balcázar indicó que el informe favorecería "a su petitorio" de indulto. Asimismo, el congresista Roberto Sánchez pidió la liberación del expresidente tras conocerse el documento de la ONU.

En el ámbito judicial, se ha presentado un hábeas corpus solicitando la "libertad inmediata" de Pedro Castillo, basándose precisamente en este informe del grupo de trabajo de la ONU. La Cancillería peruana ya se pronunció al respecto, aclarando que el documento "no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia internacional".

¿Qué acciones inmediatas debería ejecutar el nuevo gobierno ante el inminente fenómeno El Niño? El informe del grupo de la ONU que pide la liberación de Pedro Castillo "no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia internacional", señaló la Cancillería peruana. La entidad aclaró que dicho documento no constituye un fallo vinculante ni genera obligaciones legales para el Estado peruano. De esta manera, el Ejecutivo busca desestimar cualquier presión externa respecto al caso del expresidente, quien permanece detenido desde diciembre de 2022. La postura oficial reitera que las decisiones judiciales en el país se rigen por el marco legal nacional y no por pronunciamientos de organismos internacionales.

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