El próximo gobierno no puede darse el lujo de comenzar mal. Su legitimidad de origen es reducida, no solo por el estrecho resultado electoral, sino porque nace en un país cansado, desconfiado y golpeado por la prolongada inestabilidad, la corrupción y las repartijas. En ese contexto, los nombres son el mensaje: no son un mero trámite administrativo, sino el primer mensaje político del nuevo gobierno. El Congreso saliente ha dejado una imagen deteriorada por pactos, blindajes, repartijas y leyes favorables a intereses oscuros. Si los nuevos ejecutivo y legislativo quieren recuperar confianza, deben cortar desde el primer día con la lógica anterior de servir y no de servirse del cargo. No solo se trata de cambiar nombres, sino de cambiar estándares.

El gabinete de unidad nacional debe reunir pluralismo, capacidad y honestidad. Las dos primeras condiciones son indispensables; la tercera es no negociable. Se puede convocar a los mejores técnicos, pero ninguna habilidad profesional compensa una trayectoria marcada por denuncias graves, sombras o vínculos dudosos. En un país herido por la corrupción, la honestidad no es un adorno moral, es la condición de un gobierno que necesita diferenciarse con claridad. No esperamos santos, esperamos servidores públicos limpios, capaces de mirar de frente. Quien asuma un ministerio debe representar una ruptura ética con el pasado inmediato. La transferencia, bien iniciada prontamente, no puede ser la antesala de acomodos ni cuotas.

Es una nueva etapa en la que la honestidad debe brillar por su presencia; sin ella no habrá autoridad moral, lucha eficaz contra la corrupción ni legitimidad recuperada. Gobernar bien empieza escogiendo bien. Es el primer examen de la nueva presidenta y también su primera oportunidad. Sin excusas ni cálculos. El país entero mira a las personas que la acompañan.

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