Colcabamba: peritajes confirman residuos de disparo en víctimas, pero no se hallaron las armas que justificarían la "legítima defensa" de los militares

Los ocho efectivos del Ejército acusados de matar a cinco civiles en Colcabamba (Huancavelica) sostienen que actuaron en legítima defensa. Según su defensa legal, los uniformados abrieron fuego cuando los ocupantes de una camioneta se resistieron a una intervención antidrogas y les dispararon primero. Sin embargo, en la escena del crimen no se encontró el armamento que supuestamente utilizaron las víctimas contra la patrulla.

Para sustentar su versión, los abogados de los militares señalaron que los peritajes del Ministerio Público hallaron residuos de disparo de armas de fuego en tres de los ocupantes del vehículo. Se trata de Wilder Romero Sevipaucar y William Núñez Soto, fallecidos en el incidente, y Jhonatan Águila Gutiérrez, herido y sobreviviente. Los tres dieron positivo para antimonio y bario, elementos compatibles con los residuos que deja un disparo. La República revisó los documentos y estos concluyen que "arrojaron resultados positivos para cationes metálicos de plomo, antimonio y bario, compatibles con residuos de disparo por arma de fuego".

Pese a esa evidencia química, las armas que habrían disparado las víctimas nunca aparecieron. Los peritos detectaron los residuos, pero estas no fueron encontradas en el lugar de los hechos. La ausencia del armamento contradice el argumento de la defensa de los militares, que insiste en que los uniformados usaron sus armas de reglamento en respuesta a una agresión armada.

La versión de los militares

Los ocho militares acusados del crimen múltiple en Colcabamba, liderados por el capitán EP Luis Montenegro Pardo, no han declarado formalmente sobre por qué abrieron fuego contra los pasajeros de la camioneta. Sin embargo, su defensa legal, durante la audiencia de prisión preventiva, sostuvo que los ocupantes del vehículo no acataron la voz de alto y que dispararon primero contra los efectivos desde el interior. Esa misma versión fue la que el capitán Montenegro le transmitió a su superior, el mayor EP José Cayao Vásquez: que los civiles se resistieron con disparos y que los militares repelieron la agresión con fusiles Scar-L de fabricación belga. Según el parte, no hubo heridos ni fallecidos entre los uniformados.

“Sí me comunicó que se habían producido disparos y habrían actuado ante ello. (…) Solo me mencionó que hubo contacto y que repelieron. Luego de calmada la situación, el jefe de patrulla me comunicó que de nuestra parte no hubo heridos ni fallecidos”, declaró el mayor Cayao ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín, a cargo de Johel Chamorro Macukachi. No obstante, las pesquisas policiales y fiscales en la escena del crimen desmienten esa narrativa: no se hallaron las armas que supuestamente usaron los civiles, ni se encontró evidencia de que los militares hubieran resultado heridos durante el operativo. El peritaje balístico que la defensa presentó para probar que tres ocupantes de la camioneta dispararon contra los soldados fue desestimado en la audiencia judicial por carecer de sustento y evidencia. Así, la versión del “legítima defensa” se sostiene únicamente en los testimonios de los propios acusados, sin respaldo material ni pruebas forenses.

Audiencia. Juez desestimó versión de la “defensa propia” de los ocho militares acusados. Foto: difusión

Las armas fantasmas

El juez José Matos Centeno desestimó la versión de la defensa de los ocho militares acusados de la matanza de Colcabamba, que sostenía que los civiles de la camioneta les habían disparado primero. El magistrado concluyó que no se ha comprobado que los civiles portaran armas ni que hayan efectuado disparos para impedir la intervención antidrogas. Esta constatación fue clave para ordenar la detención preventiva de los efectivos del Ejército.

Durante el debate judicial, se interrogó a la defensa de los militares sobre la afirmación de que los pasajeros de la camioneta habrían realizado disparos. Según consta en la resolución judicial, la defensa alegó que en el interior del vehículo, tanto en la caseta como en la tolva, se hallaron casquillos de munición de 9.19 mm y calibre 38, correspondientes a pistolas semiautomáticas, y que esas municiones no son de uso de los investigados. Sin embargo, al ser consultados por qué no se encontraron las armas que los civiles supuestamente utilizaron, la defensa respondió: “Pudieron ser aventados (sic) fuera del vehículo durante la intervención”, sin aportar prueba alguna.

El juez Matos Centeno desestimó esos argumentos, empezando por la comprobación de que ni en la camioneta ni en los alrededores del escenario del crimen fueron halladas las armas atribuidas a los civiles. Además, sobre el hallazgo de proyectiles de otros calibres, el magistrado resaltó el testimonio del sobreviviente Jhonatan Águila Gutiérrez. Según su declaración, luego de matar a los pasajeros del vehículo y verificar que no había droga en la camioneta, los militares recibieron la orden de desperdigar munición de diferentes calibres en el interior para aparentar falsamente que los ocupantes les habían disparado. En resumen, no se ha comprobado que los civiles portaran armas ni que hayan disparado a los militares, lo que sustentó la decisión del juez de ordenar la detención preventiva de los ocho acusados.

La defensa del Ejército sostuvo que los peritos hallaron residuos de disparos en los ocho ocupantes del vehículo —los cinco fallecidos y los tres sobrevivientes— para respaldar su versión de que estos abrieron fuego contra los militares. Sin embargo, los reportes periciales no confirman esa conclusión; solo se refieren a tres casos. En la audiencia, el fiscal Johel Chamorro destacó que las partículas de antimonio y bario detectadas en Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez y Jhonatan Águila Gutiérrez no acreditan fehacientemente que estos dispararon armas de fuego la noche del 25 de abril en Colcabamba. Los peritos explicaron que, durante el periodo de custodia de los cuerpos y los sobrevivientes por parte de los militares hasta la toma de muestras —varias horas después—, los uniformados pudieron diseminar y contaminar los residuos de los disparos en los civiles. “Es lo más razonable”, indicaron. La resolución judicial señala que los residuos encontrados en los tres civiles también se deberían a que “ha existido manipulación de la escena del crimen por parte de los investigados (los militares)”. Además, la contaminación pudo deberse a la enorme cantidad de disparos que recibió el vehículo de las víctimas: según el Informe Pericial de Balística, la camioneta presenta 76 orificios de entrada de proyectil. A los imputados les queda romper su silencio y contar toda la verdad.

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