El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) ha generado serios cuestionamientos tras emitir una opinión internacional que califica como “arbitraria” la reclusión del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo (Ate) por el delito de conspiración para la rebelión. El organismo sugiere su liberación inmediata.

En el documento, que fue difundido después de siete solicitudes de indulto o gracia presidencial a favor del exmandatario y a menos de un mes de que José Balcázar, presidente encargado y militante de Perú Libre —el mismo partido que llevó a Castillo al poder—, concluya su gestión, se sostiene que “el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”. Asimismo, se “pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Castillo sin dilación”.

Sin embargo, esta opinión no es vinculante para ningún Estado, por lo que el Perú no tiene la obligación de acatarla. La integrante del grupo, Miriam Estrada Castillo (Ecuador), argumentó que la proclama de Castillo estuvo amparada en la “libertad de expresión”. Además, el informe señala que los jueces que dictaron la sentencia contra el exmandatario pudieron haber sido influidos por un “ambiente de gran presión política”.

Estas consideraciones y su aparente injerencia ya fueron abordadas por el Tribunal Constitucional peruano en marzo de 2021. En la sentencia (Exp. N.° 04038-2019-PHC/TC), el máximo intérprete de la Constitución señaló que dichas instancias “tienen origen extraconvencional” y remarcó que “el Estado peruano no se ha sometido expresamente a dicho organismo”.

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