El Congreso de la República aprobó, ya en segunda votación, la creación de 20 nuevas universidades públicas en 15 departamentos del país, alcanzando un nuevo “récord” que enciende las alarmas fiscales. La medida, que suma presión al presupuesto público, fue impulsada pese al desacuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la advertencia de un alto costo fiscal.
Según el Instituto Pulso Fiscal, el costo inicial de operación de cada universidad será de aproximadamente S/ 2.5 millones por año. Así, sumando las 14 universidades públicas creadas en 2024 —en Cajamarca, Piura, Puno, Cusco, Ica, Junín y Lima— y las 20 recién aprobadas este año, el Estado deberá destinar cerca de S/ 90 millones anuales solo para su puesta en funcionamiento. “Este impacto fiscal de cerca de S/ 90 millones por año es significativo y solo para que entren en operación inicial. Luego vienen todas las demandas en el proyecto de inversión y contratación, cada vez se va a incrementar más el impacto fiscal”, comentó a Gestión Adrián Rodas, economista y CEO del Instituto Pulso Fiscal.
El economista advirtió que el impacto real en los próximos años dependerá de la velocidad con que estas universidades entren en operación, pues la puesta en marcha puede demorar varios años hasta su funcionamiento efectivo. Sin embargo, desde que se abre una comisión organizadora e inician los procesos para la fundación de la institución, gradualmente ya se está generando una presión fiscal.
En solo dos años, el Parlamento ha impulsado más universidades que en la última década. Antes del 2024, en los últimos diez años previos solo se habían creado siete universidades. Ahora, en 2025, se rompe el récord del 2024, mientras que los centros de estudios aprobados el año pasado aún siguen en proceso de formarse, pero ya implican un costo para el Estado.
La creación de nuevas universidades públicas no solo representa un problema financiero. Desde el ámbito educativo, la exministra de Educación, Marilú Martens, consideró que la iniciativa del Congreso carece de sustento técnico, lo que incrementa el riesgo en la calidad de la educación superior. “Abrir universidades es importante porque hay un crecimiento de la oportunidad y de la oferta educativa, pero no es abrir universidades que no puedan demostrar calidad en todo su servicio. Estamos en medio de una crisis educativa y estas iniciativas no están alineadas con las necesidades reales de nuestro sistema educativo”, señaló.
Para crear una universidad, precisó, se necesita un sustento técnico acorde a las necesidades del sistema: analizar si hay zonas con población estudiantil desatendida, revisar si se impartirán carreras requeridas para el desarrollo regional, entre otros aspectos. Sin embargo, con creaciones anteriores esto no se ha cumplido. Un reciente estudio del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES) evidenció que la mitad de las 13 universidades nacionales creadas entre 2007 y 2011 no cubrían ni un 10% de la matrícula departamental.
En paralelo, se genera una nueva situación crítica para el cumplimiento de las reglas fiscales. El Estado lleva dos años consecutivos con un déficit fiscal mayor a la recaudación y, aunque se busca ajustar gastos, esta creación de universidades solo profundizaría el problema. “Es ‘más leña al fuego’ al incrementar el gasto público, que no necesariamente se sustenta con mayor recaudación. Aunque las universidades puedan ir generando recaudación de a pocos, inicialmente solo es déficit”, sostuvo.
En los últimos cinco años, el gasto promedio de las 52 universidades nacionales en proyectos apenas ha superado el 67% de su presupuesto asignado, según datos del Portal de Transparencia Económica del MEF. Aunque en 2024 se alcanzó el porcentaje más alto registrado, con un 76.69% de ejecución, todavía hay centros que no logran usar ni la mitad de los recursos. El año pasado, siete universidades ejecutaron menos del 50%; entre ellas, dos creadas en 2010: la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (Cusco) solo empleó un 38.7% del presupuesto, y la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (Amazonas) apenas un 20.7%, por debajo de lo alcanzado en 2023.
Pese a esta evidencia, el Congreso insiste en crear más universidades. Solo en lo que va de 2025 se han presentado más de 20 proyectos de ley que proponen unas 28 nuevas casas de estudio en departamentos como Cusco, Madre de Dios, Piura, Lima, Cajamarca, Pasco y Loreto. La mayoría estarían orientadas a la formación pedagógica, el arte y la educación intercultural.
Sin embargo, la experiencia con las universidades creadas en la última década muestra problemas de demanda. Aunque tomó un promedio de siete años iniciar su funcionamiento, estos centros solo tienen entre 1,500 y 2,000 alumnos. Esa poca demanda, indicaron, está relacionada con la menor oferta de docentes en las localidades y el mayor interés de los jóvenes por estudiar en universidades reconocidas en la capital. Incluso, CAPPES advierte que el gasto anual por alumno en una universidad pública provincial resulta tres veces mayor al monto asignado en una universidad regional.
¿Cuál debería ser la opción?
Frente a este panorama, tanto Martens como Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), coinciden en que la prioridad no es crear nuevas universidades. Para Martens, una alternativa más efectiva sería fortalecer las existentes y fomentar la educación técnica de calidad, en lugar de apostar por instituciones sin planificación adecuada. “Si el Congreso quiere responder a la demanda, lo mejor sería que universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o la Universidad Agraria La Molina abran filiales, en lugar de optar por medidas populistas sin sustento técnico”, señaló.
Fuentes, por su parte, advirtió que incrementar el número de universidades, en vez de fortalecer las que ya existen, difícilmente aportará positivamente a la productividad. “El desajuste entre demanda laboral y oferta en educación superior está determinado por tipos de carreras y especialización, no por la falta de universidades”, resaltó. En su lugar, destacó que se requiere mayor educación técnica de calidad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 80% de la oferta laboral está enfocada en técnicos, pero cada año hay un déficit de 300,000 profesionales en este campo.
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