El proyecto de crédito suplementario que se debate este lunes en el Congreso genera controversia. Aunque en su título oficial se menciona que busca financiar “inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática”, el documento también contempla un apartado denominado “otras medidas”.
Entre esas iniciativas, según el propio texto, se busca “resolver conflictos y demandas sociales postergadas”. En concreto, el crédito suplementario permitiría iniciar el pago progresivo de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS, otorgar bonos extraordinarios a docentes, auxiliares y personal del servicio militar, y pagar sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el sector educación. Además, se contempla impulsar la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas (Mypes) mediante bonos del programa Impulso MYPERÚ.
El propio documento señala que “su propósito [del crédito suplementario] es darle liquidez al Estado para que siga construyendo, operando y transite hacia el nuevo Gobierno sin quebrar la caja fiscal, resolviendo en el camino demandas laborales urgentes”.
Sin embargo, el Consejo Fiscal ha alertado que se estaría realizando una “lectura a ciegas” del proyecto. A los recientes cuestionamientos de la Contraloría se suman las dudas de diversos expertos. Pese a ello, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que este proyecto siempre contó con el debido sustento técnico para su formulación y es plenamente consistente con el marco macrofiscal vigente, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, puntualizó que el crédito suplementario fue formulado “con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización”. Añadió que su financiamiento “respeta plenamente la regla fiscal y demuestra que es posible atender las principales necesidades del país preservando la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Desde el MEF indicaron que el proyecto está respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, el cual prevé un déficit fiscal de 1.75% del PBI para este año, cifra menor al límite de 1.8% establecido por la regla fiscal. Agregaron que el crédito mantiene un margen de aproximadamente S/ 1,260 millones respecto del límite permitido, lo que confirmaría que preserva “plenamente” la sostenibilidad fiscal. También destacaron que la Sunat incrementó en más de S/ 2,000 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026.
Sin embargo, el Consejo Fiscal, en un reciente informe, alertó que no se debe tener una “lectura complaciente de la situación fiscal”, en referencia a la base que sustenta el nuevo crédito suplementario (el IAPM 2026-2029). En su advertencia, observaron que las proyecciones fiscales no están incorporando en su totalidad, “ni de manera explícita”, el costo asociado a todas las iniciativas legislativas que inciden de forma permanente sobre la dinámica del gasto público.
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