La Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) elevó cartas a Keiko Fujimori y al presidente José María Balcázar para solicitar que se amplíe el plazo —o se suspenda de manera indefinida— la admisión de nuevos petitorios mineros en toda la cuenca, incluyendo las áreas de los ríos Chambira y Pintuyacu. La organización también hizo un llamado al INGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas para que anulen las concesiones que amenazan la salud y la seguridad hídrica de las comunidades, ante el riesgo de deforestación y contaminación. El pedido fue respaldado sin disidencias en una asamblea extraordinaria celebrada el 4 de julio en la comunidad de Samito, distrito de Alto Nanay (Loreto). La decisión se tomó luego de que se conociera el trámite de dos solicitudes mineras en un territorio considerado clave para el abastecimiento de agua, la biodiversidad amazónica y la propia ciudad de Iquitos. La organización recordó que ya existe normativa que restringe temporalmente la actividad minera en la zona: los decretos supremos 030-2023-EM y 022-2024-EM. Sin embargo, advirtió que ambos vencen en noviembre de este año y que su cobertura es insuficiente frente a un problema estructural. Por eso, insiste en una protección de carácter permanente. Pedido fue formulado a Keiko Fujimori | Composición: LR.

La Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto respaldó el reclamo y exigió al INGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas anular cualquier concesión que ponga en riesgo la salud de la población o la seguridad hídrica. Señaló que admitir estos petitorios contradice las ordenanzas regionales que ya declaran al Nanay zona de exclusión minera. En esa línea, CONACCUNAY pidió directamente al jefe del INGEMMET, Paolo Andrés Alzamora, que declare improcedentes los petitorios "Achuny" y "Jaguar Dorado", al considerar que contradicen la normativa vigente y amenazan el derecho de las comunidades a un ambiente libre de contaminación.

El presidente de CONACCUNAY, Jhonny Huaymacari, advirtió sobre el riesgo de deforestación, contaminación del agua y de peces por mercurio, y pérdida de biodiversidad. Subrayó que la asamblea rechazó por unanimidad las concesiones por considerarlas una amenaza directa a la vida y el futuro de las comunidades: "Nuestros recursos naturales van a ser deforestados; nuestra agua y peces contaminados. Ellos son fuente de vida para nosotros. Por eso, por unanimidad en asamblea, hemos dicho no a estas concesiones, porque atentan contra nuestra vida, nuestra salud y nuestro futuro", enfatizó.

Previamente, en octubre de 2025, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) resolvió, a partir de una queja presentada por CONACCUNAY en junio de ese año, que el Estado peruano había incumplido varias decisiones comunitarias vinculadas al combate de la minería ilegal, el control del mercurio y la cooperación transfronteriza en cuencas amazónicas.

Mariano Castro, director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE e impulsor de la ratificación peruana del Convenio de Minamata, señaló que el caso confirma la urgencia de reemplazar medidas temporales con mecanismos permanentes de protección territorial en cuencas estratégicas. “El Nanay no se defiende solo con decretos y operativos de interdicción. Mientras las comunidades no tengan alternativas económicas reales, salud, agua segura y acceso a justicia, la presión de la economía ilegal seguirá creciendo”, afirmó. Por ello, el Estado debe implementar con urgencia un proyecto especial de desarrollo territorial para la cuenca, articulado con el Plan de Gobernanza Intercomunal de la CONACCUNAY, además de la prohibición permanente de actividad minera en cuerpos de agua. También pidió atender los pedidos de declaración de emergencia ambiental y sanitaria.

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