El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, llamó este viernes a una movilización nacional para exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo. A través de sus redes sociales, sostuvo que “los pueblos del Perú de todas las sangres” se preparan para salir a las calles en ejercicio de su derecho constitucional a la protesta. La convocatoria se da luego de que un grupo de trabajo de la ONU calificara como arbitraria su detención de diciembre de 2022 y recomendara indemnizarlo. El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU concluyó que el arresto del expresidente, ejecutado el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido intento de disolver el Congreso, careció de orden judicial y no respetó su inmunidad como jefe de Estado. Sin embargo, el fallo no fue unánime. Dos de sus integrantes, la abogada ucraniana Ganna Yudkivska y el jurista surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, señalaron que la privación de libertad de Castillo sí se ajustó a derecho, pues su mensaje a la nación constituyó un acto de poder y no un ejercicio de libertad de expresión. En contraste, el presidente-relator neozelandés Matthew Gillett planteó una postura distinta: consideró que la declaración del expresidente podría estar amparada por la libre expresión y limitó su cuestionamiento a la falta de sustento de la prisión preventiva. Excandidato presidencial convocó a movilizaciones para exigir la liberación de Castillo. Foto: composición LR Sánchez, quien también es dirigente de Juntos por el Perú, afirmó que la movilización busca respaldar el pedido de excarcelación del expresidente. “Exigimos la liberación de Pedro Castillo”, señaló en su mensaje, en el que convocó a la ciudadanía a sumarse a las protestas a nivel nacional.

Condenado en noviembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, Pedro Castillo cumple su sentencia en el penal de Barbadillo, en Ate. Además de este caso, el expresidente afronta otras investigaciones por presunta corrupción, crimen organizado y tráfico de influencias. Esta misma semana, tuvo una audiencia adicional por el delito de falsa declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia aún debe resolver el pedido de gracia presidencial que presentó su defensa.

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