El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), un órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, determinó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata, así como el otorgamiento de una indemnización. La opinión técnica, aprobada el 14 de noviembre de 2025 y difundida el 4 de junio, concluyó que el caso se enmarca en las categorías I y III de su metodología de evaluación, al considerar que la detención careció de base legal y vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe también sostiene que el exmandatario no contó con las garantías propias de un juicio justo. Entre las observaciones, el GTDA señala presuntas afectaciones a la presunción de inocencia, al derecho de ser juzgado por un tribunal competente y al derecho a ejercer una defensa adecuada. Además, el organismo indicó que Pedro Castillo no tuvo acceso oportuno a un abogado de su confianza y cuestionó las condiciones en las que se realizó la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva.

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