El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, decidió prolongar por seis meses adicionales la congelación de los precios de los carburantes, una medida que responde a las intensas protestas y bloqueos de carreteras registrados en el país durante mayo y junio. La disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo 5652, que modifica un dictamen previo y extiende la tregua en las tarifas hasta el 12 de enero de 2027.
“Ya teníamos un decreto que había congelado los precios, lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más”, explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, durante una conferencia de prensa en la que detalló los alcances del ajuste legal. Con esta nueva norma, los precios en las estaciones de servicio no sufrirán variaciones durante el próximo semestre.
De esta manera, el litro de gasolina especial se mantendrá fijo en 6,96 bolivianos (aproximadamente 0,71 dólares), mientras que el diésel continuará comercializándose a 9,80 bolivianos (algo más de un dólar). La medida también cubre el gas natural vehicular (GNV) y el gas licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico, según lo establecido en el decreto.
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando el Ejecutivo eliminó casi en un 100% el histórico subsidio a los hidrocarburos como parte de un plan de choque anticrisis. Aquella decisión buscaba aliviar las arcas fiscales y establecer un esquema de revisión de precios cada seis meses, pero el impacto inflacionario desató una ola de descontento social. Ahora, la medida que prolonga el congelamiento también abarca al gas natural vehicular (GNV), al gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico y a las gasolinas de aviación.
El fondo del problema radica en el modelo energético del país andino. Bolivia sostuvo una política de subvención de combustibles durante cerca de dos décadas, lo que derivó en un gasto masivo de divisas. Al ser una nación importadora de carburantes, la economía sufre las consecuencias de la escasez de dólares en el mercado local y la merma de sus reservas internacionales. Mientras se intenta regularizar el suministro, el vocero Gálvez aseguró que la prórroga busca aislar a la población de la fluctuación del dólar mientras se estudia una reestructuración energética profunda.
No obstante, el Decreto Supremo 5652 ya dibuja el escenario para cuando termine este periodo de gracia. A partir de enero, Bolivia adoptará un sistema flexible indexado al precio internacional y al valor promedio del dólar.
Para sostener el esquema de transición, la norma autoriza al Ministerio de Economía a transferir de forma inmediata hasta 1.000 millones de bolivianos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir la diferencia entre el costo de importación y el de venta local. El Estado absorberá parte de los costos únicamente si el dólar oficial supera los 10,40 bolivianos, mediante una fórmula matemática con un "factor de ajuste" fijado en 10,4003. La prórroga no ha estado exenta de cuestionamientos técnicos. El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, criticó abiertamente el decreto y lo tachó de ser una decisión estrictamente "política". Según el experto, congelar los precios de manera artificial obliga al Estado a seguir asumiendo un costo de adquisición mucho más alto que el valor real al que se vende al consumidor final, lo que extiende la presión financiera sobre una economía ya debilitada por la falta de liquidez.
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