El abogado Guido Croxatto, defensor legal del expresidente Pedro Castillo, se pronunció sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó la captura de su representado como "arbitraria" y recomendó su liberación. Croxatto consideró que el pronunciamiento es "auspicioso" para la línea de defensa, pero criticó que llegue después de varios años, justo cuando "ya no tiene alcance político".

"La resolución del grupo de trabajo que reconoce que Castillo está detenido en forma arbitraria-ilegal- es auspiciosa porque por fin un órgano de especialistas independientes que trabaja con rigor jurídico reconoce una línea firme de la defensa internacional de Pedro Castillo", señaló el letrado. Sin embargo, añadió que "es bueno hacer un par de salvedades. Porque el grupo reconoce esto con un tiempo calculado, sin inocencia. No elige cualquier momento para emitir su opinión. Tuvieron muchos años. Ahora que ya no tiene alcance político, sí lo reconocen".

Croxatto recordó que desde hace años sostienen que "la vacancia fue jurídicamente nula. Un acto jurídicamente inválido. Al ser nula la vacancia, no podía ser arrestado en la calle el presidente ni mucho menos sometido a un proceso penal". El informe de la ONU concluyó que Castillo fue capturado sin un proceso adecuado. El abogado indicó que "antes hubieran debido ir más allá de la 'reparación económica por los perjuicios ocasionados'. Porque entraba en juego la restitución por una vacancia mal hecha".

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El abogado Guido Croxatto sostuvo que el Grupo de Trabajo de la ONU demoró su pronunciamiento para evitar que tuviera consecuencias políticas inmediatas. “Han jugado con los tiempos para evitar decir eso: que además de ser mal detenido, fue mal destituido. Han resuelto una parte. Pero falta resolver la otra: la de un presidente mal vacado”, señaló. Según Croxatto, el informe reconoce formalmente la falta de antejuicio político y el mal retiro de inmunidad de Pedro Castillo, pero lo hace cuando su mandato está por concluir en pocas semanas. “Por eso nosotros insistimos: hasta el 28 de julio de 2026 el presidente constitucional de Perú, mal vacado, mal arrestado, es Pedro Castillo”, afirmó.

El letrado criticó que los profesionales de Naciones Unidas omitieran entrar en detalle sobre la destitución del exmandatario, ocurrida poco después del discurso del 7 de diciembre de 2022 en el que llamaba a la disolución del Congreso. “El grupo de trabajo ha demorado este reconocimiento porque si lo hubiera hecho en 2023 o 2024 hubiera invalidado la sucesión presidencial. Hubiera generado una crisis política. Hubiera quedado en evidencia que los presidentes ‘interinos’ estaban cometiendo una falta. Un delito: el delito de usurpación de funciones”, agregó.

Croxatto aseguró que, de haberse emitido antes la decisión, habría invalidado la asunción al poder de Dina Boluarte. “Tiene razón el grupo de trabajo de la ONU, pero reconocerlo antes hubiera implicado invalidar la sucesión presidencial de Dina Boluarte, que fue irregular. Como no querían hacer eso, han esperado varios años. Lo reconocen ahora que no tiene efecto político directo y todo muere en una modesta reparación civil”, manifestó. El abogado cuestionó que el informe no aborde la “estafa electoral a los peruanos” ni la afectación a sus derechos políticos. “¿Cómo se repara? Si fue mal removido del cargo el presidente, el afectado no es solo él. Son también afectados todos sus votantes. ¿Cómo se los va a reparar a todos ellos?”, concluyó.

El abogado Guido Croxatto señaló que, si el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria hubiera emitido su informe antes de las elecciones, “hubiera tenido un impacto directo en el resultado, sin duda”. “Esperaron que pasara la elección. Eso es jugar con la democracia y el voto informado de los peruanos”, agregó. Según Croxatto, de haber conocido esa información de antemano, los ciudadanos “hubieran votado con mayor conocimiento de esta causa jurídica” y “tal vez el resultado de la elección hubiera sido otro”. El informe del Grupo de Trabajo de la ONU determinó que el arresto del expresidente Pedro Castillo, ocurrido tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue arbitrario al no respetarse el procedimiento correspondiente. El documento, difundido por Epicentro y cuya autenticidad fue confirmada a este medio por fuentes cercanas al exmandatario, señala que la detención vulneró derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a un tribunal independiente. Croxatto también indicó que el reconocimiento de la ONU, aunque ahora no tiene efecto político directo, “hubiera traído consigo un cambio en el desarrollo del pasado proceso electoral”, que finalmente dio como ganadora a Keiko Fujimori. “Evidentemente la opción por la ONU resultó una apuesta inteligente de la defensa ante la inacción del sistema interamericano. Esa fue una apuesta tomada hace dos años. Molesta tener que viajar tan lejos, pero es parte de la pelea que damos los abogados cuando no encontramos justicia en nuestros propios países”, concluyó. lr.pe

El Grupo de Trabajo de la ONU también analizó las denuncias sobre una presunta discriminación contra Pedro Castillo por su origen campesino y condición social, pero concluyó que no halló elementos suficientes para acreditarla. En cambio, sostuvo que el caso refleja un enfrentamiento permanente entre sectores con posiciones políticas opuestas. Como consecuencia de sus conclusiones, los expertos exhortaron al Estado peruano a disponer la liberación inmediata del exmandatario y señalaron que está facultado para solicitar una reparación por los daños ocasionados por la privación arbitraria de su libertad. El informe recordó además que el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a considerar sus opiniones, adoptar medidas para corregir situaciones de detención arbitraria e informar sobre las acciones implementadas. Los expertos indicaron que darán seguimiento a las acciones que adopten las autoridades peruanas tras la emisión de estas recomendaciones.

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