El gobierno finlandés ha presentado una visión para la educación superior y la investigación hacia 2040, con la ambiciosa meta de elevar del 39% al 60% la proporción de jóvenes con título universitario. Sin embargo, esta propuesta enfrenta una contradicción central: mientras promete una expansión universitaria, mantiene políticas de austeridad que han reducido subsidios de vivienda estudiantil, congelado becas, fortalecido el uso de préstamos y disminuido el financiamiento básico de las universidades.

Las universidades finlandesas afirman disponer de entre un 20% y un 30% menos recursos por estudiante que sus equivalentes en Suecia, Noruega y Dinamarca. Además, parte importante del presupuesto adicional se asigna mediante concursos de investigación, en lugar de fortalecer el financiamiento permanente necesario para contratar docentes, ampliar vacantes y planificar el crecimiento institucional. La propuesta concibe a las universidades como motores de la democracia, la innovación, el pensamiento crítico y la libertad académica, pero Finlandia lleva dos décadas estancada en el 39% de titulados universitarios.

Otro obstáculo es que numerosos ciudadanos cursan una segunda o tercera carrera gratuita, ocupando plazas que podrían beneficiar a quienes aún no acceden a la educación superior. Todos coinciden en la meta del 60%, pero también en que sin recursos adicionales será imposible alcanzarla. El verdadero examen llegará cuando el plan revele si existe financiamiento suficiente o solo otra declaración de buenas intenciones. Porque las metas educativas, sin respaldo presupuestal sostenido, rara vez transforman sistemas universitarios complejos y exigentes.

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