El Gobierno peruano publicó el Decreto de Urgencia Nº 003-2026, que autoriza a Petroperú a acceder a hasta US$ 2,000 millones para asegurar su continuidad operativa. La medida llega tras casi dos semanas de haberse anunciado y luego de un cambio en la cabeza del Directorio de la petrolera estatal.
El DU permite a Petroperú participar, sola o con terceros —incluyendo entidades del sistema financiero nacional o internacional—, “en la constitución de un vehículo de propósito especial para recibir, canalizar y reponer aportes, destinados a asegurar su continuidad operativa y a implementar lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 010-2025 (que dio luz verde a la reestructuración)”.
Tal como lo adelantó Gestión, será ProInversión la entidad encargada de liderar, estructurar y acompañar el proceso de constitución e implementación de ese vehículo de propósito especial. Además, el DU establece que la canalización, disposición y reposición de los flujos de recursos se efectuará a través de uno o más fideicomisos constituidos por Petroperú o ProInversión. En cualquier supuesto, estos fideicomisos tendrán a ProInversión como único autorizado para emitir las instrucciones para la utilización de los recursos.
“Para garantizar la viabilidad de la operación referida [...], se autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales, en el marco de la operación regulada [...], hasta por el monto en soles equivalente a US$ 2,000 millones más sus respectivos costos financieros, con cargo a su presupuesto institucional, para financiar exclusivamente la continuidad operativa de Petroperú”, se lee en el decreto.
Con estos recursos se podrá financiar capital de trabajo; recomponer el stock de combustibles y demás insumos; y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. Asimismo, el DU precisa que “corresponde a ProInversión informar anualmente al Minem acerca de la situación operativa y financiera de Petroperú”.
El Decreto de Urgencia Nº 003-2026, como adelantó Gestión, autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir compromisos contingentes de corto plazo por hasta US$ 500 millones, mientras que el resto del límite total de US$ 2,000 millones quedaba supeditado a decisiones del próximo Gobierno. En los considerandos de la norma se reconoce que Petroperú pasó de una rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021 a pérdidas operativas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y exdirector de la petrolera, calificó como “escandaloso” el DU. “El Gobierno acaba de abrir la puerta para asumir hasta US$ 2,000 millones adicionales en compromisos contingentes para sostener a Petroperú, más costos financieros. Y aunque formalmente dicen que los asume el Minem, en la práctica el riesgo termina recayendo sobre todos los peruanos vía Tesoro Público”, señaló.
El economista agregó que “lo más grave es que el propio decreto reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado. Es decir, el Estado está asumiendo riesgos enormes sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”.
Para implementar lo dispuesto, la norma precisa que “se autoriza al Minem a realizar pagos o transferencias financieras a favor de las entidades nacionales e internacionales con las que se suscriban los compromisos contingentes, las cuales se aprueban mediante resolución del titular del pliego Ministerio de Energía y Minas y se sujetan a la disponibilidad presupuestal correspondiente, lo cual se hace de conocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas”.
El decreto de urgencia señala que “a marzo de 2026, la empresa registra pérdidas operativas acumuladas y pérdidas netas significativas que comprometen su viabilidad financiera y erosionan aceleradamente su patrimonio neto”. Esta situación se intensifica, según el texto, por la rebaja de la calificación crediticia que Moody’s Ratings aplicó a Petroperú en enero de este año. Dicha medida generó “mayor incertidumbre en el proceso de evaluación y renovación para la recuperación de las líneas de crédito de corto plazo, tanto con la banca local como internacional, y mayores restricciones de parte de los proveedores internacionales de crudo y productos refinados”.
El DU advierte que estos problemas “se agravan por la falta de liquidez y capacidad de pago de la compañía, intensificando la crisis de solvencia estructural y la erosión acelerada de su patrimonio; y en consecuencia, el abastecimiento normal de combustibles a nivel nacional”. Frente a ello, el economista Jorge Tuesta alertó que se recurre a fideicomisos y vehículos especiales para presentar la decisión como “no soberana”, “cuando cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado”. En esa línea, puntualizó: “El argumento de ‘seguridad energética’ termina siendo la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano. Eso puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”.
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