En medio de las advertencias del Consejo Fiscal y la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió a respaldar el proyecto de crédito suplementario por hasta S/ 9,596 millones, actualmente en debate en el Congreso a través del Proyecto de Ley 14799/2025-PE. La cartera aseguró que la iniciativa cuenta con el “debido sustento” técnico y es consistente con el marco macrofiscal vigente.

Según el MEF, el pedido está respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, el cual proyecta un déficit fiscal de 1.75% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, por debajo del límite de 1.8% establecido por la regla fiscal. En esa línea, señalaron que “el crédito suplementario mantiene un margen aproximado de S/ 1,260 millones respecto del límite permitido, confirmando que la propuesta preserva plenamente la sostenibilidad fiscal”.

Como parte de los fundamentos técnicos, el MEF destacó que la Sunat incrementó en S/ 2,006 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026, debido al mayor dinamismo de la actividad económica y la recaudación. Este mejor desempeño, indicaron, constituye uno de los principales pilares que respaldan el financiamiento del proyecto.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, defendió la iniciativa con contundencia: “Los hechos y las cifras son contundentes. El crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. Su financiamiento respeta plenamente la regla fiscal y demuestra que es posible atender las principales necesidades del país preservando la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese ha sido y seguirá siendo el compromiso del Gobierno”.

El MEF detalló que el crédito suplementario se financia con S/ 2,900 millones de recursos ordinarios –de los cuales S/ 1,260 millones provienen de operaciones de crédito– y S/ 5,436 millones de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Estos últimos, según el ministerio, “corresponden a mayores ingresos de los gobiernos regionales y locales y no representan una mayor carga para el Tesoro Público ni generan un deterioro de la posición fiscal del Estado”. La propuesta, indicaron, cuenta con el “debido sustento” y preserva la estabilidad fiscal. Para su elaboración, se consideró la priorización presupuestaria, las demandas sustentadas por las entidades, sus niveles de ejecución presupuestal y los espacios fiscales disponibles. Los recursos se enfocarán, entre otros fines, en garantizar el desarrollo adecuado de las elecciones regionales y municipales de 2026, la continuidad de los servicios públicos esenciales, la ejecución de inversiones en marcha y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

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