Carlos Rivera: "Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente por pedir amnistía en crímenes horrendos

El abogado especialista en derechos humanos Carlos Rivera calificó como un “terrible precedente” la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, de solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía para beneficiar a un exjefe militar procesado por desaparición forzada y homicidio calificado. En diálogo con La República, Rivera advirtió que Benavides “pasa a colocarse en un terrible precedente al ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado”.

El pronunciamiento se da luego de que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, bajo la jefatura de Benavides, emitiera un dictamen dirigido a la Corte Suprema para que aplique la amnistía a favor de Luis Edgardo Paz Cárdenas, coronel en situación de retiro. Para Rivera, esta acción representa un retroceso constitucional, pues la fiscal ha preferido omitir la existencia de fallos recientes del propio Tribunal Constitucional —que cuestionan la validez de estas leyes— para alinearse con una agenda política de turno.

Durante la entrevista, el experto también señaló que el dictamen era “deficiente”, ya que carece de sustento doctrinario y busca, de forma oportunista, alinearse con el gobierno entrante. El Ministerio Público, advirtió Rivera, ha sentado un precedente alarmante para la función fiscal al priorizar intereses políticos sobre la defensa de los derechos humanos.

Rivera detalló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha consolidado una jurisprudencia clara y unánime que invalida las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad. Ignorar estos estándares internacionales y los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional, advirtió, sitúa al Ministerio Público en una posición de "repudio" frente a la comunidad jurídica internacional. Para el abogado, el aval de la fiscalía a esta norma, calificada por él como una "ley pro-crimen", vulnera el derecho a la justicia en estos casos.

El letrado advirtió que si la Corte Suprema acepta el dictamen, "se abriría la puerta a la impunidad", lo que permitiría la liberación de personas con sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos. Sostuvo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito, no de obstruir la justicia. "Esto significa un desaire a quienes han dedicado décadas a la búsqueda de la verdad", señaló Rivera sobre el impacto directo en las familias de las víctimas. Puso como ejemplo que, en un caso de desaparición forzada, un defensor de derechos humanos de Huancavelica logró una sentencia condenatoria contra un coronel que era el jefe político militar de la zona. "Él está condenado, está en su casa, pero está condenado", explicó.

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