La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Jorge Enrique Ugarte Olivera, a quien señala como presunto organizador de las protestas realizadas el pasado 30 de abril frente a la sede del organismo electoral y en las inmediaciones de la vivienda de su presidente, Roberto Burneo.
La acción legal fue interpuesta el 2 de mayo ante el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima. Inicialmente, la denuncia contemplaba el presunto delito de sedición; sin embargo, fue ampliada para incluir otras posibles infracciones, como acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad.
Según el documento presentado por la Procuraduría, Ugarte habría tenido un rol activo en la convocatoria, organización y conducción de las movilizaciones, en las que participaron alrededor de 500 personas. Las protestas se desarrollaron en un contexto político-electoral sensible y bajo estado de emergencia en Lima Metropolitana.
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El informe N.° 56-2026-OSGRI/JNE, elaborado por la Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgos Institucionales, detalla que la convocatoria fue difundida previamente a través de redes sociales, particularmente en TikTok. Además, se indica que el denunciado habría utilizado “redes sociales, transmisiones en vivo, megáfonos y medios de amplificación para dirigir el desarrollo de la protesta”.
Durante las concentraciones, los participantes utilizaron objetos sonoros como ollas y tapas, además de lanzar arengas y expresiones consideradas agraviantes contra autoridades electorales, especialmente contra Burneo.
La Procuraduría del JNE también incluyó en su denuncia los hechos ocurridos en el domicilio del presidente del organismo. Según el documento, el traslado de los manifestantes hacia ese punto fue organizado y liderado por Jorge Ugarte, quien continuó promoviendo consignas hostiles mediante un megáfono. La entidad sostiene que esta conducta “no puede ser apreciada como un simple ejercicio regular del derecho de protesta“, pues implicó una presión directa sobre una autoridad electoral en su ámbito privado, generando zozobra, intimidación y afectación a su entorno personal y familiar.
Durante la movilización se habría repetido la consigna “golpe cívico militar”, lo que, para la Procuraduría, excede la crítica política y podría interpretarse como un mensaje de presión o desconocimiento del orden constitucional. Otro aspecto considerado es la difusión de los hechos en redes sociales: la publicación de la dirección del domicilio del titular del JNE en comentarios de transmisiones en vivo incrementa, según advierte la entidad, el riesgo de nuevas concentraciones o actos de hostigamiento.
En ese marco, se solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias, entre ellas tomar la declaración de Ugarte Olivera, identificar a quienes facilitaron el traslado de manifestantes y analizar el contenido de los videos difundidos en redes sociales para determinar eventuales responsabilidades.
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