Este jueves, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal, con 14 votos a favor y 9 en contra. La iniciativa, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), queda lista para convertirse en ley tras un mes de debate en distintas instancias del Parlamento.

Previamente, el 23 de junio, el Pleno del Congreso había respaldado el texto en primera votación con 63 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones. En esa ocasión, los congresistas Ruth Luque, Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Flor Pablo cuestionaron la medida. Señalaron que su verdadero propósito no es ordenar la norma penal, sino levantar trabas para archivar investigaciones abiertas.

Tras la ratificación de este jueves, se presentó una reconsideración contra la segunda votación del dictamen. La moción buscaba revertir la aprobación ya consumada, pero no prosperó: obtuvo 11 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Para aprobarse, necesitaba 15 votos a favor. Al no alcanzar ese número, el resultado de la segunda votación quedó firme y la ley siguió su curso.

Organismos de derechos humanos ya advirtieron que la ley añade requisitos ausentes en el Estatuto de Roma y que podría facilitar el archivo de casos antiguos.

Iniciativa fue impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi. Foto: difusión La norma crea el capítulo VI dentro del Título XIV-A del Código Penal, destinado a los delitos contra la humanidad, e incorpora el artículo 324-A, que define la conducta punible. Según ese texto, comete lesa humanidad quien, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, incurra en homicidio calificado, trata de personas, secuestro, violación sexual, desaparición forzada o tortura, con una pena que va de 30 años de cárcel a cadena perpetua. La aplicación de la ley será inmediata y alcanzará a los casos en trámite donde ya se haya invocado la figura de lesa humanidad, así como a los procesos con condena que aún estén en revisión, nulidad o cualquier otro recurso pendiente. Si un hecho no cumple los requisitos que exige la nueva disposición, será juzgado como delito común, con las penas ordinarias del Código Penal. Ahora queda en manos del Ejecutivo promulgar u observar la ley. La aprobación generó un rechazo inmediato entre congresistas y organizaciones de derechos humanos. A través de sus redes sociales, varias voces cuestionaron el contenido de la norma y pidieron al Poder Ejecutivo que la observe antes de su promulgación. La congresista Ruth Luque sostuvo que el dictamen "desconfigura por completo" el delito de lesa humanidad. Acusó al fujimorismo y a sus aliados en el Congreso de ratificar su desprecio por las víctimas y los derechos humanos. Pidió a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la Presidencia del Consejo de Ministros que observen la ley. El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, consideró la aprobación como un caso de impunidad y advirtió que la norma "solo servirá a los perpetradores" de los crímenes que busca regular. La calificó de inconstitucional y pidió al Poder Judicial que ejerza control sobre ella. La congresista Flor Pablo Medina coincidió en que la ley es "nefasta" y señaló que, pese a su apariencia de avance, solo beneficia a violadores de derechos humanos. Según su cálculo, la norma permitiría revisar 150 condenas y más de 600 procesos en curso, entre ellos los casos Barrios Altos, La Cantuta y las esterilizaciones forzadas. Confió en que los jueces peruanos mantengan una línea de defensa constitucional frente a esta y otras normas que, a su juicio, desamparan a las víctimas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) difundió un pronunciamiento el mismo 9 de julio en el que calificó la ley como un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Explicó que, al restringir su aplicación en casos de desaparición forzada, tortura y secuestro, la norma vulnera obligaciones internacionales del Estado peruano y favorece la impunidad frente a crímenes que son imprescriptibles por naturaleza. La organización instó al presidente José Balcázar a observar la ley y a rechazar cualquier disposición que favorezca la impunidad.

Leer artículo completo en larepublica.pe →