El abogado Raúl Noblecilla envió una carta formal al presidente José María Balcázar, con fecha 9 de julio, para solicitar la expedición de un salvoconducto a favor de Betssy Chávez y garantizar su traslado seguro hacia México, país que le otorgó asilo diplomático hace más de ocho meses. La petición se sustenta en el deterioro de la salud de la exministra durante el tiempo que permanece asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima.

Según el documento, el 8 de julio un médico tuvo que atender una emergencia dentro de la sede diplomática. Noblecilla señaló que este episodio no es un hecho aislado, sino que responde al agravamiento de enfermedades que Chávez arrastra desde hace meses, sin acceso a exámenes especializados ni atención hospitalaria oportuna. La defensa sostiene que la falta de salvoconducto convierte la protección diplomática en un confinamiento material.

"Cualquier traslado a una clínica implica, para Chávez, un riesgo inmediato de captura y pérdida de su libertad personal", indicó el abogado. Por ello, la carta no solo pide la autorización formal del documento, sino también garantías concretas para una salida segura de la exministra hacia México.

Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, señaló en la carta que su estado de salud es delicado. Foto: difusión La carta de Noblecilla sostiene que México no es un adversario, sino un pueblo hermano, y que mantener la ruptura de relaciones diplomáticas es innecesario y perjudicial para ambas naciones. Perú cortó vínculos con el país norteamericano en noviembre pasado, tras el asilo otorgado a Betssy Chávez. El texto vincula el pedido humanitario del salvoconducto con esa fractura. El expresidente interino José Jerí ya había señalado en diciembre que el caso no era prioridad para su gobierno, y el presidente José María Balcázar repitió esa postura en febrero al asumir el cargo, indicando que el tema debía resolverse por la vía diplomática y que no lo consideraba urgente. Para Noblecilla, cumplir con el salvoconducto no depende de una decisión política, sino de una obligación jurídica del Estado peruano.

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