La Contraloría General de la República salió al frente de una denuncia periodística que señalaba que tanto este organismo como el Congreso gastaron más de medio millón de soles en contratar a DirecTV como proveedor de televisión por cable y streaming, a semanas del inicio del Mundial 2026. La entidad negó que se trate de una contratación extraordinaria o vinculada a un evento deportivo.
Según explicó, el servicio se viene contratando de forma continua desde 2021, mediante procedimientos de selección que cumplen con la normativa de contrataciones públicas. El proceso para el contrato vigente comenzó con la primera convocatoria del Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Como el postor ganador no concretó el contrato en el plazo legal, la entidad realizó una nueva convocatoria en mayo de 2026 para asegurar la continuidad del servicio institucional.
Finalmente, el 15 de junio de 2026 se suscribió el Contrato N.° 041-2026-CG, con una vigencia de 1 095 días calendario (tres años). La Contraloría precisó que el monto del contrato cubre la prestación del servicio durante esos tres años y para todas las sedes incluidas, por lo que “resulta incorrecto atribuir dicho importe a la cobertura o transmisión de un evento específico”.
La Contraloría detalló que la contratación vigente de DirecTV Perú S.R.L. cubre el servicio institucional de televisión por cable para 117 sedes de la entidad, incluyendo las sedes institucionales y las 22 Gerencias Regionales de Control a nivel nacional. “Este servicio permite el acceso a canales nacionales e internacionales, canales del Estado y fuentes de información política, económica, financiera, tecnológica y de actualidad, constituyendo una herramienta de apoyo para el desarrollo de las funciones institucionales y el seguimiento permanente de asuntos de interés público”, acotó. El organismo de control aclaró que “el procedimiento de selección se desarrolló conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento. En la nueva convocatoria, DirecTV Perú S.R.L. fue el único postor que cumplió con los requisitos establecidos para el perfeccionamiento del contrato”. Finalmente, reafirmó su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el estricto cumplimiento de la normativa que regula las contrataciones del Estado, poniendo a disposición de la ciudadanía la información necesaria para una adecuada comprensión de los procedimientos institucionales.
Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó las versiones que cuestionan la contratación del servicio de televisión por cable para el Parlamento y aseguró que el proceso se realizó conforme a los procedimientos establecidos.
El presidente del Congreso, Eduardo Rospigliosi, calificó de “mentira” que el servicio de televisión se haya contratado exclusivamente para que los congresistas vean el Mundial de Fútbol. Insistió en que el procedimiento obedeció a una necesidad institucional y a una evaluación técnica de las propuestas presentadas. Según explicó, el Congreso permaneció varios años sin este servicio porque Movistar había sido sancionada por un organismo del Estado, lo que le impedía contratar con entidades públicas. Posteriormente, se realizó un nuevo proceso de evaluación para restablecerlo. En ese proceso participaron dos postores. Rospigliosi señaló que una de las empresas no presentó oferta, mientras que Claro cotizó el servicio por aproximadamente S/ 900,000 y DIRECTV por alrededor de S/ 300,000. “Claro pedía 900,000 soles y DIRECTV 300,000. Es tres veces más lo que cobra Claro que lo que cobra DIRECTV”, afirmó el titular del Legislativo, al sostener que la contratación respondió a criterios de costo y competitividad.
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