La próxima instalación del Congreso bicameral traerá cambios que reconfiguran el equilibrio de poderes, según el análisis de Carlos Hakansson. Una de las principales novedades es que la presentación del presidente del Consejo de Ministros junto con su gabinete ante la Cámara de Diputados, dentro de los primeros treinta días de su nombramiento, ya no obligará a la presentación de una cuestión de confianza. Este acto, conocido como “la investidura” por el reglamento del anterior Congreso unicameral, queda así modificado en su esencia (artículo 130 Const.).

No exigir una cuestión de confianza al primer ministro fue, en un contexto de fragmentación representativa, la solución para consensuar mayorías y alcanzar la gobernabilidad durante el mandato presidencial. Sin embargo, la investidura —a pesar de su naturaleza parlamentarista— comenzó a mostrar problemas tras la histórica denegación de confianza al gabinete Cateriano en agosto de 2020. Hakansson señala que esta institución, llamada a promover un premier idóneo y consensuado en el Congreso, terminó convertida en un “instrumento provocador a la oposición”, con la intención de cumplir con las condiciones constitucionales para decretar la disolución parlamentaria (artículo 134 Const.).

El Congreso bicameral cambia las reglas de juego, pero Hakansson lamenta que la reforma constitucional ponga en evidencia “las carencias institucionales que permiten que los operadores políticos confundan a la ciudadanía”, interpretando que los mutuos entendimientos para tomar decisiones son “repartijas” y los acuerdos entre bancadas son “pactos mafiosos”. Para el autor, si la democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a las minorías, ello solo resulta posible mediante acuerdos y “el arte de saber dar y ceder”.

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