El 26 de marzo de este año, el Tribunal Fiscal notificó a Petroperú el rechazo de las apelaciones que la estatal interpuso contra el reclamo de la Sunat por el pago del Impuesto al Rodaje (IRO) correspondiente a los años 2019 y 2020. Esta deuda coactiva asciende a US$133 millones, según informó el ente recaudador, que señala que la petrolera no abonó el tributo aplicable a la importación de insumos para la elaboración de gasolinas en ese periodo.

La decisión cayó como un duro golpe en la compañía de hidrocarburos. Antes de conocer el mandato del tribunal, el 16 de febrero de este año, Petroperú había presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025, reportando una pérdida neta de US$468 millones. Sin embargo, al tratarse de información relevante conocida después de esa entrega, el directorio de la empresa, en coordinación con la firma auditora Gaveglio, Aparicio y Asociados (PwC), aprobó una provisión de US$158 millones para atender principalmente la deuda coactiva.

Como resultado, la cifra de pérdidas reportadas inicialmente se ha elevado a US$601 millones. La Sunat detalló que el Impuesto al Rodaje (IRO) no pagado corresponde a la importación de insumos para la elaboración de gasolinas en 2019 y 2020.

Ante las resoluciones del Tribunal Fiscal, Petroperú tuvo que actualizar el monto de sus pérdidas al tener que pagar una cuantiosa deuda coactiva. Foto: Petroperu De acuerdo con las resoluciones del Tribunal Fiscal del 20 de marzo de este año, el origen de la deuda se remonta a 2019 y 2020, cuando Petroperú no pagó el Impuesto al Rodaje (IRO) al importar insumos para elaborar gasolinas que luego se vendieron en el mercado nacional. La empresa apeló y el caso llegó al Tribunal Fiscal para resolver la controversia. La defensa de Petroperú argumentó que el IRO se aplica al valor de venta de las gasolinas en el mercado nacional y no a la importación. También sostuvo que los productos importados no eran finales ni estaban listos para la comercialización, sino intermedios, pues requerían procesamiento y mezcla antes de su venta, y que la compañía ya había pagado los IRO correspondientes. No obstante, el Tribunal Fiscal confirmó las resoluciones de la Sunat que obligan a Petroperú a pagar el IRO de esos años. En febrero de este año, la petrolera estatal entregó a la SMV sus estados financieros, antes de las notificaciones del Tribunal Fiscal. Foto: La Repúlica  En febrero de este año, antes de las notificaciones del Tribunal Fiscal, la petrolera estatal entregó a la SMV sus estados financieros. Según fuentes consultadas por La República, la pérdida neta actualizada del ejercicio pasó de US$468 millones a US$601 millones en los estados financieros auditados. La República consultó a la Sunat sobre los detalles de la deuda coactiva de Petroperú, pero sus voceros se abstuvieron de responder “en aplicación del principio de reserva tributaria” porque se trata “de un contribuyente específico” y el caso “se encuentra en trámite”. El Tribunal Fiscal ordenó a Petroperú pagar deudas coactivas relacionados con el Impuesto al Rodaje (IRO), por la importación de productos para la elaboración de gasolinas. Foto: Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ordenó a Petroperú pagar deudas coactivas relacionados con el Impuesto al Rodaje (IRO), por la importación de productos para la elaboración de gasolinas. Foto: Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ordenó a Petroperú pagar deudas coactivas relacionados con el Impuesto al Rodaje (IRO), por la importación de productos para la elaboración de gasolinas. Foto: Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal ordenó a Petroperú pagar deudas coactivas relacionados con el Impuesto al Rodaje (IRO), por la importación de productos para la elaboración de gasolinas. Foto: Tribunal Fiscal

Las resoluciones del Tribunal Fiscal que respaldan los cobros coactivos del Impuesto al Rodaje (IRO) a Petroperú son las Nº 02803-A-2026 y Nº 02808-A-2026, ambas fechadas el 20 de marzo de este año. Sin embargo, cuando la petrolera estatal reportó sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 16 de febrero, 32 días antes de esas fechas, la empresa aún no había sido notificada de dichas resoluciones. Las fuentes de la compañía indicaron que es “altamente probable” que Petroperú recurra al Poder Judicial para impugnar la decisión del Tribunal, pero mientras tanto está obligada a pagar la deuda coactiva. Este diario verificó documentalmente que la información entregada a la SMV estaba actualizada al momento de la presentación, por lo que no se omitieron las resoluciones del Tribunal Fiscal que ordenan el pago del IRO correspondiente a 2019 y 2020.

Leer artículo completo en larepublica.pe →