La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (APP), dejará al menos 134 expedientes para el próximo Congreso Bicameral del periodo 2026-2031. Esto ocurre porque los plazos actuales no alcanzarían para revisar todos los casos durante la gestión unicameral.
Según información de Correo, de esos 134 expedientes, 66 ya están en etapa de investigación. Hay una denuncia con informe de calificación y seis que cuentan con informe final. Estos últimos involucran a Lucinda Vásquez (congresista fallecida), Alberto Otárola (expremier), Pedro Castillo (expresidente), Víctor Ticona (exjuez supremo), Walter Ayala (exministro de Defensa) y exintegrantes del Tribunal Constitucional. Además, 61 denuncias están pendientes de ser calificadas.
Entre los casos que aún están en investigación figura la expresidenta Dina Boluarte.
La tercera disposición complementaria transitoria del Reglamento del Congreso Bicameral establece que las denuncias constitucionales que no hayan culminado su trámite en el Congreso unicameral hasta el 26 de julio de 2026, sin importar su estado, serán derivadas a la Cámara de Diputados para que actúe según sus competencias.
La expresidenta Dina Boluarte acumula cinco denuncias constitucionales recibidas entre 2024 y 2026. Una de ellas, presentada en mayo de 2025 por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la acusa del presunto delito de abandono del cargo. Según la denuncia, Boluarte omitió informar al Consejo de Ministros y al Congreso sobre su impedimento físico temporal para ejercer el cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, debido a un procedimiento quirúrgico que implicó múltiples cirugías estéticas.
Por su parte, el expresidente Pedro Castillo enfrenta cuatro denuncias constitucionales. Una de ellas fue presentada también por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. El caso está vinculado a la contratación de Segundo Llanos Guevara en el Programa de Desarrollo Productivo (Agro Rural), donde fue contratado hasta en cinco ocasiones bajo el argumento de necesidad urgente y temporal.
Otro caso involucra a la todavía congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso (APP). En abril de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la denunció por la presunta comisión del delito de colusión. La investigación se relaciona con una reunión que Ruiz habría sostenido con su asesor Johnny Romero en la casa del fiscal Richard Rojas, con el objetivo de pedirle asesoría en un caso de “mochasueldos” que afrontaba. A cambio de su ayuda, Ruiz habría ofrecido la contratación en su despacho de Alex Rojas, hermano del fiscal.
La senadora electa Mirtha Vásquez, de Ahora Nación, heredará un proceso en el nuevo Congreso Bicameral: una denuncia constitucional presentada en diciembre de 2022, cuando presidía el Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de aceptación indebida del cargo. La denuncia también alcanza al exministro de Economía Pedro Francke. Según el documento, ambos habrían firmado el Decreto de Urgencia 102-2021, que permitió al Ministerio de Vivienda direccionar obras a empresas vinculadas al empresario Hugo Espino, investigado por integrar una red criminal liderada por Castillo.
Además, Vásquez enfrenta otro caso por presuntos actos arbitrarios cometidos cuando fue presidenta interina del Congreso. Sobre este existe un informe final de junio de 2025 que recomienda inhabilitarla 10 años de la función pública, pero el caso no avanzó y todo indica que se verá en la nueva legislatura bicameral.
En una situación similar se encuentra el senador Daniel Barragán, del partido Obras. Acumula seis denuncias constitucionales en etapa de investigación, presentadas cuando era ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo. Una de ellas, de principios de diciembre de 2022, incluye a todo el Gabinete Ministerial por presunto abuso de autoridad. El caso se originó cuando la gestión de Castillo pidió al Congreso debatir un proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar la norma que regula la cuestión de confianza.
Con la instauración del Congreso Bicameral, la actual Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se transformará en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, adscrita a la Cámara de Diputados. Este nuevo órgano será el encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias, realizar la investigación y emitir el informe final. Una vez votado el documento, será remitido a la Presidencia de la Cámara de Diputados para su debate y votación en el pleno, donde se requerirá el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros para su aprobación.
Si el informe es aprobado, la Cámara de Diputados designará una comisión acusadora de tres diputados para sustentar el caso ante el Senado. En la Cámara Alta, para la presunta comisión de delitos, se necesitará la votación favorable de más de la mitad del número legal de senadores. En tanto, para sanciones como suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, el acuerdo requerirá los dos tercios del número legal de miembros del Senado. Ante la negativa del Parlamento, los ministros interpretaron la respuesta como una “denegatoria de la cuestión de confianza”.
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