Ubicada a unos 150 kilómetros de Belém, donde esta semana se celebra la Cumbre de la Amazonía, Igarapé-Miri es el fiel retrato de los núcleos urbanos de la selva amazónica: tierra fértil, población vulnerable y desigual, e infraestructuras deficientes. Sin embargo, esta localidad del estado de Pará ostenta el título de “capital mundial del açaí”, el alimento de moda que hasta hace bien poco mantenía amedrentada a la ciudad por la presencia del crimen organizado, atraído por el millonario negocio que gira en torno a este fruto afrodisíaco.

“Bienvenidos a Igarapé-Miri, la capital mundial del açaí”, reza un cartel a la entrada del municipio, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. Su nombre proviene del río homónimo que lo baña, que en lengua tupí significa ‘pequeño camino de canoas’. Hoy es el mayor productor mundial de esta baya esencial para los habitantes de Pará —la consumen en el desayuno, el almuerzo y la cena— y que el resto del mundo descubrió hace dos décadas por sus propiedades casi sobrenaturales.

Aquí hay unos 4,000 pequeños y medianos productores que, según los últimos datos oficiales, cosechan alrededor de 400,000 toneladas de açaí al año. En 2021, generaron 1,600 millones de reales (US$ 330 millones o US$ 300 millones). Además, once plantas procesadoras se han instalado en la zona, lo que ha permitido, por ejemplo, empezar a vender helados de açaí a Arabia Saudí.

Marco Noda, de 42 años, es uno de esos miles de agricultores. Los vecinos le conocen como El Japonés. Su padre, hijo de migrantes nipones, fue uno de los pioneros en ver en el açaí una “oportunidad” lucrativa.

En Igarapé-Miri, donde la mitad de sus 63,000 habitantes es pobre según estimaciones oficiales, la bonanza del açaí contrasta con una realidad de abandono y desigualdad. La ciudad luce descuidada, salvo por los comercios de açaí, identificados con una señal roja, que aparecen en cada esquina. Vecinos denuncian que la inseguridad es grave y acusan al alcalde Roberto Pina de ejercer el poder como un cacique.

Los altos índices de pobreza, sumados a la pujante industria del açaí, atrajeron al crimen organizado en su expansión por la Amazonía, ruta estratégica para el tráfico de drogas. Antônio Francisco Pinheiro, agrónomo de 70 años, comparte en consorcio 100 hectáreas de palmeras de açaí mezcladas con cacao, naranja y cupuazú. Un día recibió un mensaje desde un prefijo de Río de Janeiro exigiéndole una alta suma bajo amenaza de secuestro. El remitente era CV, siglas de Comando Vermelho, una de las facciones más poderosas de Brasil, nacida en Río y que domina el tráfico de estupefacientes en Pará.

Una célula de esa facción se afincó en Igarapé-Miri y empezó a extorsionar a los empresarios del açaí. Según denuncian vecinos, llegaron a establecer retenes en algunos accesos. También hubo choques con otras bandas por el control de la zona, con brutales asesinatos entre ellos.

Décadas atrás, en los años 90, el açaí se recogía en la selva, no había plantíos. Pero un productor local decidió apostar por el fruto y empezó con 18 hectáreas, según relata. “En esa época (los 90) no había plantíos, era recogido en la selva”, pero él “decidió apostar por el açaí y empezó con 18 hectáreas”, cuenta.

Pinheiro recordó que antes de la intervención del Gobierno regional, la violencia era constante: “Vivíamos sobresaltos, con asaltos, secuestros y violencia, hasta que el Gobierno regional tomó medidas y alivió la situación”. Incluso, algunos de sus colegas “tuvieron que pagar 100,000 reales” (US$ 20,500) para ser liberados. Ahora, los comerciantes y empresarios del açaí respiran más tranquilos tras la detención, en junio pasado, de tres mujeres y cinco hombres —dos de los cuales ya estaban bajo custodia por otros delitos— por extorsionar a una decena de personas del sector.

La esperanza de que Igarapé-Miri dé definitivamente la espalda al crimen está puesta en el proyecto Fábricas de Paz, un programa integrado del Gobierno de Pará. La iniciativa busca mejorar las condiciones de vida en las ciudades más precarias mediante nuevas instalaciones deportivas y culturales, además de cursos de capacitación técnica. “Hacen falta proyectos que saquen a la juventud de la marginalidad”, demanda Pinheiro, reflejando el anhelo de una comunidad que quiere dejar atrás la inseguridad.

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