Seis congresistas han presentado iniciativas para eliminar la nueva Ley Agraria (Nº 32434) cuando aún se espera que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), publique el reglamento que permita su entrada total en vigencia. Recientemente, el Poder Ejecutivo instaló una mesa de trabajo para su elaboración.

Los autores de estos proyectos son Margot Palacios (no agrupada), Bernardo Quito, Alfredo Pariona, Alex Flores, Ruth Luque y Sigrid Bazán. Como contó Gestión, el mismo día de la promulgación de la norma, las congresistas Luque y Bazán presentaron sus propuestas de derogación, acusando que la ley solo beneficiaría a un grupo pequeño de empresas del sector. Durante septiembre se sumaron Quito, Pariona y Palacios con argumentos similares. Palacios es la única que no pertenece a la Bancada Socialista ni al Bloque Democrático Popular.

Lo llamativo es que el principal argumento para solicitar la eliminación de la ley recuerda un cambio de postura desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), uno que en su momento llamó bastante la atención. Si bien la mayoría de proyectos tienen un solo artículo único —señalan que su objetivo es derogar la ley sin más—, es común encontrar que el “respaldo técnico” de los congresistas es una vieja postura del MEF.

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El pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de diciembre de 2024, cuando lo encabezaba José Arista, es citado en más de un proyecto de ley. En aquel entonces, la cartera sugirió que la norma solo favorecería a un grupo reducido de empresas. “Se impulsa la aprobación de una propuesta que reduce la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a 15% (que se aplica sobre la ganancia de las empresas), según se dice, para beneficiar a los pequeños productores agrarios; pero poco más de 500 empresas serían las únicas beneficiadas, principalmente las grandes agroexportadoras”, señala el comunicado del MEF de esa época.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), recordó que, tras la gestión de Arista, tanto José Salardi como el actual ministro Raúl Pérez Reyes han respaldado la ley. “Se trata de un informe que incluso dentro del mismo Ejecutivo ha sido cuestionado, sobre todo desde el Midagri”, aseveró. Pérez Reyes, además de apoyar la norma, indicó que, en todo caso, habría que revisar otros beneficios tributarios en su lugar.

Para el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla, resulta lamentable que, más allá de la pertinencia del beneficio tributario, no exista una línea constante de pensamiento desde lo más alto del ministerio. “Al margen de que uno esté a favor o en contra, acá hablamos del mismo Gobierno cambiando de posición en menos de un año. Eso añade incertidumbre y le pasa factura al MEF, que hoy es errático en sus posturas”, consideró.

Amaro también respondió a la crítica del Congreso al sostener que el nuevo régimen agrario sí incluye entre sus beneficiarios a todos los miembros de la cadena productiva del sector. El MEF de Arista, en la misma línea, indicó en su momento que “se utilizaba como argumento al pequeño productor agrario, debilitando la recaudación de ingresos públicos”.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP, advierte que la ley N° 32434 es “una ley marco, es para todos porque hace tiempo al agro se le ve como un ecosistema. Si no fuese así, y estuviese sesgada a un grupo, no funcionaría, a pesar de las ventajas competitivas que tenemos frente al mundo. Hay elementos para promover asociatividad, posesión de tierras, agricultura orgánica y más”. Casi todos los proyectos de ley presentados buscan derogarla con un artículo único, aunque un par incluye disposiciones adicionales. El congresista Quito, por ejemplo, propone que el Congreso restituya la tasa general del aporte mensual del sector agrario a Essalud, fijada en 9% sobre la remuneración abonada por mes. Actualmente el rubro aporta el 6%, con proyección de retornar al 9% en 2028. Desde AGAP señalaron que esta medida no resolvería los problemas de salud, ya que la mala gestión de Essalud responde a la poca duración de sus cabezas. En el Gobierno de Dina Boluarte van cinco presidentes de la institución, que ha tenido diez en los últimos cuatro años.

Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

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