Perú propone ley contra importaciones de trabajo forzoso en medio de investigación de EE.UU

El último jueves 2 de julio, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso una propuesta de ley que busca prohibir el ingreso al país de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. La iniciativa, que lleva los sellos de diversas direcciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), plantea restringir toda importación que haya sido elaborada “en su totalidad o en parte” bajo esa modalidad de explotación laboral.

El contexto de esta medida resulta llamativo: aparece justo cuando el Gobierno de Donald Trump ha dado un paso adelante en su política comercial al involucrar al Perú en una investigación masiva de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). Aunque el Ejecutivo argumenta que la propuesta está vinculada con el objetivo de adhesión a la OCDE, la coincidencia con la ofensiva arancelaria estadounidense es significativa.

Según el proyecto de ley, serán el Mincetur y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) los encargados de determinar qué importaciones quedarían restringidas. Para ello, primero elaborarían un listado de productos sospechosos. La norma remarca que ambas carteras deberán seguir “un procedimiento de consulta con las autoridades públicas competentes del país de origen para la identificación de las empresas y/o mercancías con sanciones vigentes por trabajo forzoso”.

En otras palabras, los ministerios se basarían en las respuestas de esos gobiernos extranjeros para decidir si permiten o no el ingreso de las mercancías. Una vez recopilada la información, la remitirían a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para su monitoreo y eventual decomiso. Aunque este es el único mecanismo establecido literalmente en la propuesta, se abre la puerta para que el reglamento defina “otros procedimientos para recabar información” con el mismo fin.

Gonzalo Bernal, socio de Echecopar, reconoció la intención del Ejecutivo, pero cuestionó su falta de detalle. “Sería muy inocente confiar en los reportes oficiales. En otros países se ha implementado un mecanismo de denuncia de parte: se les exige más controles a los importadores, aunque se les traslada la carga de la prueba administrativa”, planteó. La presentación de este proyecto legislativo ocurre en un momento llamativo. El Gobierno de Balcázar menciona en su propuesta que varios Tratados de Libre Comercio (TLC), incluido el que Perú tiene con Estados Unidos, incluyen compromisos laborales para evitar el trabajo forzoso. También se alude a otros acuerdos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo número 8 promueve “el trabajo decente para todos”. Incluso recuerda que la OCDE considera esta problemática en su checklist para adherir países, como intenta Perú. Sin embargo, deja por fuera un hecho reciente que no se puede ignorar. A finales de abril, dos funcionarios del Mincetur fueron autorizados para viajar a Washington, según la Resolución Ministerial N° 114-2026-MINCETUR. Esta podría ser una comisión más, de no ser por el motivo que justifica el traslado: defender la posición de Perú, en audiencias públicas, ante una pesquisa de la USTR, que arrancó en marzo. “La USTR ha iniciado una investigación a 60 economías, entre las cuales se encuentra nuestro país, alegando la ausencia de medidas efectivas para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, aduciendo que ello podría constituir una práctica discriminatoria que perjudica el comercio de EE.UU.”, dice textualmente la resolución. La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) publicó el pasado 2 de junio sus conclusiones sobre la investigación a Perú, y recibirá comentarios hasta el 6 de julio. A partir del 7 de julio se realizarán audiencias para definir los próximos pasos. El informe, al que accedió Gestión, señala que, si bien Perú colaboró con la indagación, “ha fallado” en imponer una prohibición legal a las importaciones por trabajo forzoso. La USTR concluyó: “Determinamos que la falta de imposición y de aplicación efectiva de una prohibición a la importación de productos fabricados con trabajo forzoso es irrazonable”. Las consecuencias de no revertir esta evaluación serían graves para las exportaciones peruanas. La USTR propone aranceles adicionales de entre 10% y 12.5% para todos los productos de las economías investigadas, además de un mecanismo para el sector textil que permitiría ingresar a EE.UU. un volumen preestablecido con una tasa reducida. Por ahora, el proyecto que evitaría este impacto sigue sin asignarse a comisión, aunque el congresista Balcázar lo derivó con “carácter muy urgente”. José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, explicó que la legislatura ya terminó, pero el Legislativo aún puede priorizar el tema antes del cambio de Gobierno. “La Comisión Permanente podría aprobarlo si es que la Junta de Portavoces acepta dispensarlo de todos los trámites y si se reconoce el carácter de urgente. Pueden hacerlo”, aclaró. Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, consideró inevitable que EE.UU. aplique estas tarifas, ya que es su nueva vía para “revivir” los aranceles recíprocos, que quedarán inaplicables en breve.

Para el especialista, el principal impacto recaería sobre las agroexportaciones, que este año ya arrastran los efectos del fenómeno de El Niño (FEN). “Hoy los precios no están acompañando como pasó en el FEN del 2023. Probablemente tengamos una afectación muy fuerte, todavía no podemos decir cuánto, pero no será solo por volumen, sino también por valor”, advirtió Zacnich. En ese sentido, señaló que lo “positivo” —entre comillas— sería que se aplique la tasa del 10%, la menor dentro de una medida que alcanzaría a 60 países con aranceles que podrían superar el 12.5%. “Ya no pueden ampliar los recíprocos. Esperamos que el Congreso pueda aprobar [el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo] y, [en el peor de los casos], se nos aplique el 10% de tasa”, apuntó.

Bernal coincide en que será difícil eludir estos nuevos aranceles, pues considera que el marco legal propuesto por el Ejecutivo no bastará para frenar la reacción de la USTR. “EE.UU. quiere explotar ciertos desbalances regulatorios. No creo que solo promulgar la ley haga que salgamos de la lista. Otros países incluidos, como México, ya cuentan con una norma, pero EE.UU. les reclama resultados. Nosotros estamos más atrás aún”, sostuvo.

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