Duplicar la producción de cobre en la próxima década es una de las metas que se debatirá en la 27 edición del World Mining Congress 2026, que se celebra esta semana en Lima. A pocas semanas del cambio de Gobierno, el director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, advierte que cumplir ese objetivo no depende solo de factores geológicos, sino de la competitividad del sector. La discusión suele centrarse en la carga regulatoria, la aceptación social de los proyectos y la gestión de la conflictividad, pero rara vez se examina una variable igualmente decisiva: el acceso a energía barata y confiable.

Según el Fraser Institute, la energía representa entre el 15% y el 40% de los costos operativos de una mina y, en muchos casos, supera los costos laborales. La extracción, el procesamiento, el bombeo y la ventilación exigen un suministro continuo y predecible. El desafío se agrava conforme los yacimientos se vuelven más profundos y de menor ley. La evidencia de Chile y Australia (Calvo et al., 2016) indica que reducir la ley del cobre de 0.4% a 0.2% puede multiplicar por siete la energía requerida por unidad producida. Sin energía competitiva y firme, los proyectos geológicamente atractivos no se desarrollan.

La transición energética ha vuelto al cobre y a otros minerales críticos, insumos indispensables de la electrificación. Pero, como señala Castilla, el verdadero reto está en garantizar que el sector minero cuente con electricidad barata y confiable para hacer viable esa duplicación.

El gas natural no compite con las renovables no convencionales: las habilita. A medida que crece la penetración de estas fuentes, el sistema requiere respaldo firme que cubra la intermitencia con flexibilidad y a costo predecible. Según modelos de sistemas eléctricos, se necesitan entre 200 y 300 MW de capacidad firme por cada GW renovable, incluso con almacenamiento. Mantener una porción moderada de capacidad a gas —del orden del 15 al 25%— reduce el costo total del sistema entre 30 y 40% frente a un esquema que dependa de sobreinstalación y almacenamiento masivo. Eso sí, esta ventaja es mayor en el corto y mediano plazo, y se estrecha conforme bajan los costos de las baterías.

Frente a sus competidores, el Perú parte de una posición favorable por su mezcla de minería y energía. Chile lidera la generación solar y alcanza costos muy bajos, pero su éxito renovable generó nuevos cuellos de botella: congestión de transmisión, vertimiento de energía limpia y un precio industrial comparativamente alto. Australia, con gas doméstico abundante y un mercado eléctrico sofisticado, confirma que el gas ancla los precios, aunque su tarifa refleja una integración renovable todavía en curso. Nuestro país, con el precio promedio, articula el gas de Camisea a precios regulados, una base hidroeléctrica firme y energía renovable en expansión. Sin embargo, ninguna ventaja sobrevive sin infraestructura resiliente que depende, también, de la redundancia en el transporte, del refuerzo de la transmisión, de la inversión aguas arriba y de la predictibilidad regulatoria.

Un estudio de Libélula, consultora peruana especializada en cambio climático y sostenibilidad, estima que desde la entrada en operación de Camisea y hasta el año 2030 se evitarían unas 102 millones de toneladas de CO₂ equivalente. Además, se reducirían los óxidos de nitrógeno en 63%, el dióxido de azufre en 92% y el material particulado fino en 76%. Para la minería subterránea y las comunidades vecinas, esa mejora del aire es parte de la licencia social que ha decidido la suerte de tantos proyectos. No obstante, el beneficio climático es condicional: depende de mantener las fugas de metano por debajo del 3.2%, un punto que la política pública suele soslayar. La ventaja del gas exige que el recurso sea no solo abundante, sino disponible. Si la producción declina antes de lo previsto, toda la arquitectura híbrida exigiría una revisión estructural. De ahí la urgencia de reactivar la exploración: poner en valor los lotes 57 y 58, hoy subexplotados, y ofrecer términos competitivos que sostengan la oferta más allá de 2040. De este diagnóstico se desprende un plan de acción concreto para el próximo Gobierno y las autoridades sectoriales. En primer lugar, garantizar la disponibilidad del gas mediante redundancia y ampliación de la red de transporte, así como almacenamiento subterráneo o de GNL para contingencias y picos estacionales. También se debe reactivar la inversión en exploración con certeza regulatoria, exploración y términos competitivos para sostener Camisea y poner en valor los lotes 57 y 58. Asimismo, reforzar la transmisión eléctrica: la integración renovable a escala requiere líneas; la lección chilena es que la energía limpia se desperdicia cuando la red no la evacúa. Otra medida clave es llevar el gas al sur minero mediante corredores de GNL para operaciones fuera del alcance del ducto. Finalmente, ordenar la regulación: adoptar un escenario híbrido balanceado como referencia en el Ministerio de Energía y Minas, reconocer al gas como habilitador de la transición en la legislación de seguridad energética y simplificar la permisología. Perú puede ser competitivo y ambientalmente sostenible sin tener que elegir entre ambos, gracias a su dotación de recursos. Para duplicar la producción de cobre, se requiere una política nacional energética equilibrada que aproveche esas ventajas competitivas, pero siempre invirtiendo en infraestructura que convierta el recurso en energía confiable y segura, de manera secuencial y pragmática.

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