La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó un paquete de acciones orientadas a eliminar los vacíos normativos que afectan a los organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos, así como a agilizar los procesos de selección de postulantes a los cargos de integrantes de sus consejos directivos. La medida busca garantizar la autonomía y el normal desarrollo de las funciones de estas entidades, según destacó la propia PCM.
En ese marco, en octubre pasado se publicó el decreto supremo N° 116-2024-PCM, que modifica el artículo 6 del reglamento de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. El objetivo de esta modificación es corregir el vacío legal que existía frente a situaciones de suspensión perfecta por más de seis meses de miembros del consejo directivo. Ante dichos casos, ahora se convocará a un concurso público para cubrir el periodo de ausencia y la PCM designará a un reemplazante temporal.
Cabe precisar que desde el año 2005 ya existía una regulación que establecía cómo designar a directivos vacados para completar periodos menores a seis meses. La nueva disposición extiende ese mecanismo a ausencias más prolongadas, con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones sin comprometer la independencia de la entidad reguladora.
La PCM conformó el 18 de noviembre los comités de selección para elegir a los directivos de los organismos reguladores. Mediante resolución ministerial nro. 305-2024-PCM se creó el comité encargado del concurso público para la presidencia del consejo directivo de Osiptel. Ese mismo día, a través de la resolución N° 306-2024-PCM, se establecieron los comités que seleccionarán a los postulantes para integrar los consejos directivos de Sunass, Ositran, Osinergmin y Osiptel. El objetivo de estas medidas es “coadyuvar con el normal desarrollo de las actividades de dichos organismos, a fin de generar predictibilidad y promover la eficiencia y eficacia en la gestión de estos”. De esta manera, la PCM busca garantizar la independencia y el correcto funcionamiento de las entidades supervisoras.
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