Los casi 50 días de bloqueos de carreteras en Bolivia, que se extendieron entre el 6 de mayo y el 22 de junio, dejaron un saldo de 22 personas fallecidas, 583 arrestados y daños a la infraestructura vial por más de 15,1 millones de dólares (equivalentes a más de 150 millones de bolivianos), según informes oficiales de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Obras Públicas.

Las protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que llegaron a tener hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país, provocaron pérdidas económicas generales que superan los 3.000 millones de dólares y un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.

De las 22 muertes confirmadas por la Defensoría del Pueblo, tres ocurrieron durante operativos policiales y militares de desbloqueo en la ciudad de El Alto y las localidades de Jupani y Vilaque Copata. El resto de los decesos estuvo vinculado indirectamente a los cercos: tres personas fallecieron por atención médica tardía, tres pacientes oncológicos perdieron la vida tras desistir de sus traslados, dos ciudadanos murieron atrapados dentro de sus vehículos en tránsito y 11 fallecieron en accidentes al intentar eludir o vigilar los piquetes. Entre estas últimas se cuentan seis víctimas del siniestro de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana.

El Gobierno decretó un estado de excepción tras llegar a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. Foto: AFP. La Defensoría del Pueblo, a través de su directora de Planificación, Jennifer Guachilla, aclaró que “se han manejado muchas cifras; es importante recalcar que la investigación de todos estos casos es facultad del Ministerio Público”. El informe contabilizó 88 heridos: 41 movilizados, 19 policías, 12 civiles y cinco periodistas. Además, denunció 38 agresiones a trabajadores de la prensa, cometidas tanto por manifestantes como por las fuerzas del orden. En cuanto a las detenciones, el reporte registró 583 arrestos en las casi siete semanas de conflicto. De ese total, 324 fueron liberados y 255 resultaron imputados penalmente por delitos como terrorismo, atentado contra la seguridad e instigación pública a delinquir. Entre los procesados, 68 personas se defienden en libertad, 130 están bajo medidas cautelares —como detención preventiva o domiciliaria— y 42 ya fueron sentenciadas mediante procedimientos abreviados. Uno de los encarcelados preventivos es Vicente Salazar, máximo dirigente de los campesinos de La Paz, a quien se le dictaron seis meses de prisión el último lunes. El juez ordenó su traslado al recinto penal de Chonchocoro, en las afueras de La Paz y a casi 4.000 metros de altura. Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas detalló que los daños afectaron a 37 tramos de la Red Vial Fundamental, con pérdidas económicas de 15,1 millones de dólares. Estas incluyen la destrucción de casetas, instalaciones y equipos operativos de peaje en la ruta troncal La Paz-Oruro, además de la recaudación no percibida. En la carretera internacional hacia Perú (Desaguadero), los manifestantes cavaron zanjas transversales con maquinaria pesada y destruyeron barreras de seguridad de concreto para usarlas como bloqueo, lo que deterioró severamente la carpeta asfáltica. Las protestas, que comenzaron por la federación campesina Túpac Katari, sumaron el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales. Las rutas se liberaron cuando el Gobierno pactó un acuerdo con la COB y decretó, el 20 de junio, un estado de excepción por 90 días para desplegar a la Policía y al Ejército.

Leer artículo completo en larepublica.pe →