Poder Judicial rechaza medida cautelar que buscaba suspender acusación fiscal contra Roberto Sánchez

El Poder Judicial declaró “improcedente” la solicitud de medida cautelar presentada en favor del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que buscaba la suspensión inmediata de los efectos de la acusación fiscal en su contra. La decisión fue adoptada por la jueza constitucional de Lima, Malbina Saldaña, quien consideró que no existen elementos suficientes para ordenar dicha suspensión mientras se resuelve el hábeas corpus presentado a su favor. El pedido fue interpuesto por Tomás Soldevilla, quien solicitó que se disponga la medida cautelar para frenar los efectos de la acusación formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima - Rímac - Breña - Jesús María, Segundo Despacho, del Distrito Fiscal de Lima Centro. Dicha acusación fiscal solicita 5 años y 4 meses de prisión contra Sánchez por presuntas irregularidades en la entrega de información financiera de su partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En paralelo, Soldevilla presentó una demanda de hábeas corpus para que se anule tanto la acusación fiscal como la citación judicial para el inicio de la audiencia de control, programada para el último 27 de mayo. En ese recurso se alega una presunta vulneración a los derechos políticos y electorales, el principio de legalidad penal, la integridad personal y el honor de Sánchez. Los argumentos de la medida cautelar sostienen que la acusación contra un candidato presidencial electo constituye una vulneración indirecta de las garantías constitucionales del Presidente de la República. Además, consideran que solicitar 5 años y cuatro meses de prisión preventiva por la mera presentación de informes financieros partidarios es desproporcionado, ya que plantea la inhabilitación definitiva para cargos públicos como una sanción extrema que no guarda proporción con la supuesta conducta delictiva. También señalan que la acusación presenta insuficiencia probatoria y adolece de graves deficiencias probatorias, entre otros argumentos.

El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la juez Saldaña, declaró improcedente la solicitud de medida cautelar que buscaba suspender los efectos de la acusación fiscal contra Roberto Sánchez. En la resolución, emitida el 15 de mayo, la magistrada sostuvo que los argumentos presentados no son suficientes para amparar la medida, pues aún está pendiente verificar los hechos materia de controversia constitucional y examinar los actuados cuestionados para determinar si la acusación fiscal vulneró derechos tutelados por el hábeas corpus.

La jueza precisó que estas alegaciones podrán ser desarrolladas y analizadas en la sentencia de fondo, conforme a la Constitución y lo que disponga el Juzgado. "No resulta adecuado establecer la suspensión de los actos referidos en la presente demanda, hasta que se resuelva en definitiva la presente demanda, toda vez que, en dicho momento procesal se determinará si tales actos han sido efectuados con arreglo a ley o sustento legal respectivo, o en vulneración de los mismos y al debido proceso", señaló Saldaña. Asimismo, dispuso que, una vez consentida o ejecutoriada la resolución, se archive el expediente.

Frente a esta decisión, el ciudadano Tomás Soldevilla presentó un recurso de apelación, el cual fue "concedido" por la juez Saldaña el 28 de mayo "con efecto suspensivo". El recurso fue remitido a la Tercera Sala Constitucional de Lima, que deberá evaluarlo y emitir una decisión en los próximos días.

El 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán emitió el auto de enjuiciamiento que autoriza el inicio de un juicio oral contra Roberto Sánchez por este caso.

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