La presidenta electa Keiko Fujimori conforma sus equipos de transferencia de gobierno con un patrón que se replica en cada ministerio: operadores que ya trabajaron en el fujimorismo, en el partido de César Acuña y en la gestión de Dina Boluarte. Así lo documentó el programa La Encerrona en una investigación difundida este miércoles, que identificó a varios integrantes de estos equipos con procesos judiciales, acusaciones de corrupción y vínculos familiares con figuras del poder saliente.
El alcance de estos nombramientos llega a por lo menos siete carteras: Defensa, Cultura, Salud, Energía, Producción, Mujer e Interior figuran entre los ministerios donde La Encerrona identificó a operadores con historiales cuestionados. El común denominador es la reincidencia: personas que ya pasaron por el Estado en gestiones marcadas por denuncias, ceses cuestionados o investigaciones fiscales regresan ahora con la etiqueta de "transferencia".
En la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Keiko colocó a su abogada personal, Juliana Losa, y a otro abogado de su entorno cercano, César Candela, exasesor del fallecido Alan García. A ellos se suma Shirley Montenegro, señalada por el equipo especial Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas de lavado de activos vinculadas a la propia Keiko Fujimori. La lista no se limita a un par de nombres sueltos: en los equipos que revisarán la entrega de siete ministerios aparecen nombres investigados por corrupción, quema de pruebas y hasta el robo de los Vladivideos, según reveló el programa.
El operador de Alberto Fujimori: el hombre de los Vladivideos
José Luis Tantaleán Ratri, conocido como "Pepe" Tantaleán, vuelve a tener acceso a información sensible del Estado 25 años después de un episodio clave que llevó a Alberto Fujimori a recibir su primera sentencia judicial firme. Hoy integra el equipo de transferencia de Keiko Fujimori en el sector Defensa, el mismo que recibirá información del Ministerio de Defensa. Su hoja de vida no es cualquiera: fue edecán de Alberto Fujimori y, según archivos de la Procuraduría y versiones de testigos, participó en el operativo del año 2000 que Fujimori lideró bajo el pretexto de buscar a Vladimiro Montesinos, ya prófugo tras la difusión del primer Vladivideo. Ese operativo terminó en el allanamiento irregular de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. La Procuraduría señala que una persona se hizo pasar por fiscal para ingresar a la propiedad y sustraer los videos que comprometían al régimen. Este episodio no quedó en la memoria colectiva como una simple anécdota: es el primer caso por el que Alberto Fujimori recibió una condena firme. Ahora, Tantaleán vuelve a estar cerca de información sensible del Estado.
El operador de César Acuña: el sobrino con pedido fiscal de nueve años
En el Ministerio de Salud aparece Juan Carlos González Hidalgo, esposo de una sobrina de César Acuña. Su nombre no es nuevo en la función pública: fue viceministro de Políticas Agrarias en 2016 y tuvo que renunciar al cargo después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera nueve años de prisión en su contra, por hechos ocurridos cuando trabajaba en la municipalidad de Tumbes. El caso terminó archivado, pero el pedido fiscal quedó registrado.
Entre los nombres que Keiko Fujimori ha sumado a su equipo de transferencia de gobierno destaca el de Iván Pereira Villanueva, un funcionario que salió del gobierno de Dina Boluarte en medio de tres presuntos casos de corrupción. Pereira fue gerente general de Salud durante la gestión de la entonces ministra Rosa Gutiérrez, quien lo despidió. Tras su salida, Gutiérrez denunció que Pereira la amenazó con una frase directa: "Usted se va antes de que yo me vaya". La amenaza se cumplió: Boluarte, que insistía en mantener a Pereira en el cargo, terminó por sacar a su propia ministra cuando esta se negó a reponerlo. Pereira negó las acusaciones, anunció una querella por difamación contra Gutiérrez y pidió a varios medios que retiraran las notas publicadas sobre el caso. Hoy, él está a cargo de la transferencia del Ministerio de Cultura.
Otro de los operadores que integra el equipo es un viejo conocido del clan Acuña. José González fue militante de Alianza para el Progreso, estudió una maestría en la Universidad César Vallejo y ocupó la dirección de gestión del talento humano en la Universidad Señor de Sipán, ambas instituciones ligadas a la familia Acuña. Su cercanía con ese clan no se limita al parentesco político. Hace un par de años, un reportaje de Latina reveló que Boluarte había colocado a varios familiares de Acuña en cargos altos de su gobierno. González, nombrado entonces secretario general de la Defensoría del Pueblo, fue uno de esos casos. El dato más reciente añade otra capa al historial: este año, la Defensoría del Pueblo, entidad en la que González ya no trabaja, aprobó financiarle la defensa legal en una investigación fiscal por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Los detalles de ese proceso todavía no se conocen públicamente. Con ese expediente abierto, González integra hoy el equipo que revisará la transferencia de uno de los ministerios más sensibles del país.
El patrón se repite con otros dos nombres del entorno de Boluarte. Tabata Vivanco, exsecretaria general del Ministerio del Interior con una gestión marcada por la creación de una agencia de compras interna calificada como irregular, fue ascendida por Boluarte hasta la jefatura de ProInversión antes de integrar el comité de transferencia en el sector Energía bajo el ala de Keiko. También la acompaña Sergio González, exministro de Producción durante el gobierno de Boluarte.
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