La política, entendida como acto humano, busca transformar la calidad de vida de los ciudadanos a través de medidas en ámbitos como la economía, la salud, la educación o los tributos, ya sea por sectores o territorios. Sin embargo, en el Perú, la capacidad de desarrollar estas propuestas se ha desvanecido por la crisis de régimen político que arrastramos desde hace varios años, donde el funcionamiento institucional brilla por su ausencia.

Hoy, la división de poderes ha sido dejada de lado y el poder político y económico se concentra abusivamente en torno a un pacto mafioso que otorga y recibe prebendas. Este control se extiende sobre organismos que deberían ser autónomos, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, los órganos electorales, el Ministerio Público y el propio Poder Judicial, un escenario que nos recuerda al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori que se pretendería imitar.

En medio de esta fractura, Keiko Fujimori ha sido proclamada presidenta electa, pese a que las elecciones generales carecen de legalidad y legitimidad, con normas que se cambiaron antes y durante el proceso electoral. Su triunfo se dio en solo nueve de las 25 regiones del país, evidenciando una profunda división territorial. El fujimorismo ofrece orden basado en fuerza y represión, pero el diálogo está ausente de su práctica política. Además, carece de legitimidad para visitar todas las regiones, ausentándose de varias, sobre todo en el sur, tras proteger a los responsables de los 49 asesinados ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Un gobierno sin democracia plena, diálogo, transparencia ni justicia es vacío, un cascarón que se puede romper. Por ello, corresponde organizar la defensa ciudadana para evitar que se violenten nuestros derechos.

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