La advertencia que lanzó Gestión (06.07.2026) ya está sobre la mesa: durante el Gobierno de Keiko Fujimori, hasta ocho concesiones clave en el Perú llegarán a su fecha de vencimiento. La gran interrogante no es solo si se alistan las adendas necesarias o nuevos concursos, sino si el Poder Ejecutivo asumirá un rol proactivo o se limitará a reaccionar cuando llegue la “hora cero”.

El peor escenario para el desarrollo del país es la parálisis por transferencia. Esperar a que los contratos venzan sin una hoja de ruta clara —que defina si corresponde una prórroga condicionada a nuevas inversiones, una nueva licitación o una renegociación integral— es una irresponsabilidad que el Perú no se puede permitir. La mirada va incluso más allá: en los próximos 10 años, la cifra sube a 19 concesiones que vencerían y sobre las que se debe tomar acción.

Las concesiones maduras requieren una revisión profunda y estratégica que tome meses, incluso años, de evaluación técnica y legal. El próximo Gobierno debe tomar las riendas de este proceso desde ahora, evaluando el desempeño de los operadores actuales e impulsando las modificaciones contractuales que garanticen la continuidad y mejora de los servicios públicos.

Cuando el aparato estatal asume la operación directa de servicios que corresponden al sector privado bajo esquemas de, por ejemplo, Asociación Público-Privada (APP), el resultado suele ser el mismo: burocracia asfixiante, (Fuente: Andina)

La experiencia del Estado peruano demuestra que no es un buen gestor: cuando asume la operación directa de servicios que deberían estar en manos privadas —como en las Asociaciones Público-Privadas (APP)—, el resultado es siempre el mismo: burocracia asfixiante, caída en la calidad, falta de presupuesto para mantenimiento preventivo y pérdida total de eficiencia. Devolver estos activos al control estatal sería un retroceso contundente en la política económica del país. Por eso, un principio fundamental de la conversación actual es no abrir la puerta a la reversión de esta infraestructura a manos públicas.

El reto para la gestión de la presidenta electa, Keiko Fujimori, es doble. Por un lado, debe desterrar la cultura del “bombero” —que solo actúa cuando el incendio de la parálisis contractual ya es inminente— y planificar con criterios técnicos transparentes. Por el otro, debe asegurar que cada adenda o nuevo concurso resguarde el interés de los usuarios y del fisco, pero manteniendo siempre la gestión en manos de operadores privados capaces y experimentados. La infraestructura del país no puede quedar en el limbo de la indecisión estatal nuevamente.

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