La investigación por la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek, de 41 años, dio un giro luego de que la Fiscalía de Polonia se pronunciara sobre el caso. Con base en un informe preliminar de autopsia remitido por las autoridades ecuatorianas, el Ministerio Público polaco indicó que existen indicios de que la mujer fue víctima de un homicidio y no de un suicidio, como se planteó inicialmente.
Daniel Brodowski, portavoz de la Fiscalía polaca, declaró a la agencia AFP que los hallazgos forenses apuntan a que la muerte "fue muy probablemente resultado de un acto deliberado cometido por terceros". Las autoridades de Polonia mantienen una investigación paralela a la que desarrolla la Fiscalía de Ecuador.
Silva Koniuszek vivía desde hacía 10 años en Ecuador y era conocida por denunciar presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones ambientales en la provincia de Santa Elena. Además, presidía la fundación La Integridad, dedicada a promover acciones de transparencia y defensa del medioambiente. Fue encontrada muerta el 8 de junio, y la autopsia determinó que la causa fue un traumatismo craneoencefálico severo y asfixia mecánica.
La activista polaca fue hallada sin vida el 8 de junio en su vivienda de Montañita, Ecuador. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un suicidio, la autopsia la descartó al determinar que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo combinado con asfixia mecánica, lesiones compatibles con una muerte violenta. Organizaciones de derechos humanos que siguen el caso sostienen que estos resultados confirman que se trató de un asesinato.
En Ecuador, la Fiscalía mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de femicidio, que se aplica en toda muerte violenta o sospechosa de una mujer mientras se esclarecen los hechos. Familiares, amigos y organizaciones civiles señalaron que Silva había recibido amenazas por sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción y conflictos por tierras, por lo que piden que esa actividad sea una línea de investigación prioritaria.
El caso generó preocupación internacional. La Delegación de la Unión Europea y la representación diplomática de Polonia solicitaron una investigación rápida, independiente y transparente. Además, Quito pidió la cooperación de expertos forenses argentinos, quienes participan como veedores para garantizar la imparcialidad del proceso.
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