El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente Gustavo Petro de intentar ejecutar un "golpe de Estado" junto al candidato oficialista Iván Cepeda. "Iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder", afirmó el ultraderechista, quien instó a las Fuerzas Armadas a "no obedecer ninguna orden" del líder izquierdista y cumplir con su juramento. La denuncia surgió luego de que Petro suspendiera el proceso de empalme, mientras que el gobierno saliente rechazó las declaraciones y aseguró que la transición continuará.
De la Espriella, autodenominado outsider, calificó la transición como una "auditoría exhaustiva" de la gestión de Petro y señaló haber detectado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud. "Sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror", enfatizó. En paralelo, se establece que la extradición de Petro requeriría un procedimiento judicial formal, y el nuevo mandatario electo podría firmar una solicitud si se presenta un requerimiento.
Hasta el momento, Petro desconoce la legitimidad de De la Espriella con alegatos de fraude electoral y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que dará su discurso de despedida. No obstante, observadores internacionales y autoridades electorales descartaron la existencia de cualquier tipo de manipulación en los comicios.
Antes de su pronunciamiento, Abelardo de la Espriella, conocido como el 'Tigre', solicitó a través de sus redes sociales suspender de inmediato el "proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia". La petición fue dirigida al vicepresidente electo, fundamentada en una responsabilidad institucional ante el cambio de mando. "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", sostuvo en el comunicado.
En respuesta, Gustavo Petro afirmó que el proceso de transición continuará sin la delegación del gobierno entrante. "No aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias", reaccionó. Además, agregó que "se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar".
Por otro lado, las declaraciones de Carlos Alonso Lucio, coordinador del equipo de empalme del presidente electo, avivaron el debate sobre una posible extradición de un expresidente colombiano. En una entrevista con Cambio, el asesor aseguró que De la Espriella "sí extraditaría" al mandatario, quien debe responder ante la justicia por las denuncias que, según dijo, cursan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lucio afirmó que el nuevo mandatario estaría dispuesto a firmar una eventual solicitud internacional contra Petro si existiera un requerimiento formal.
El ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, rechazó las declaraciones de Lucio y lo responsabilizó de deteriorar el ambiente del empalme. Anunció que presentará una denuncia penal en su contra y que la información sobre la transición será entregada directamente a la ciudadanía, no al comité designado por el Gobierno entrante. Estas declaraciones se producen en medio del proceso de transición presidencial, marcado por tensiones entre el Gobierno saliente y el equipo del mandatario electo. Sin embargo, el proceso no depende exclusivamente de la voluntad política nacional. En términos concretos, la ley colombiana define que la extradición solo puede ocurrir si una autoridad judicial extranjera adelanta una investigación penal y presenta una acusación formal. Para el caso de Estados Unidos, es requisito un indictment, es decir, que un gran jurado o una corte federal emita la acusación.
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