“El Directorio de EsSalud debe reflejar una participación efectiva de quienes sostienen el sistema, con metas claras, indicadores de desempeño y rendición de cuentas pública”, plantea la necesidad de una reforma profunda en la entidad. Y es que la salud, lejos de ser un gasto, representa la inversión más importante para la sostenibilidad de cualquier economía, pero en el Perú sigue siendo tratada como una variable secundaria en la gestión pública.
Las cifras revelan una crisis que ya no admite más diagnósticos, sino decisiones. Entre 2019 y 2024, los asegurados de EsSalud habrían desembolsado más de S/ 26,000 millones en atenciones y medicamentos no cubiertos, trasladando el costo de la ineficiencia pública directamente al trabajador formal y a las empresas que financian el sistema. Cuatro de cada diez asegurados ni siquiera buscan atención cuando la necesitan, y quienes lo hacen terminan atendiéndose fuera del sistema.
Mientras tanto, la calidad del servicio se deteriora. Entre 2019 y 2024 se registró una contracción de 770,000 consultas externas, y el tiempo promedio para acceder a una cita pasó de 10.4 a 26.9 días. En el mismo periodo, sin embargo, se desembolsaron S/ 9,824 millones en bonos de productividad. Solo en 2024, el pago por bonificaciones ascendió a S/ 2,701 millones.
Más del 50% del presupuesto de EsSalud ya se destina a planillas, lo que reduce el espacio para inversión en infraestructura, equipamiento y medicamentos. Desde la perspectiva empresarial, esto no solo es ineficiente: es insostenible.
La crisis del sistema de salud no es un problema sectorial sino estratégico, pues impacta directamente en la productividad laboral, el ausentismo, la competitividad y el clima de inversión. Un sistema colapsado erosiona la formalidad, desincentiva el empleo formal y debilita la confianza institucional. Para enfrentarlo, se requieren medidas concretas: fortalecer la gobernanza de EsSalud, que se financia principalmente con aportes vinculados al empleo formal canalizados por las empresas. Su Directorio debe reflejar una participación efectiva de quienes sostienen el sistema, con metas claras, indicadores de desempeño y rendición de cuentas pública.
También es indispensable convertir el intercambio prestacional en política de Estado. El asegurado debe atenderse donde exista capacidad resolutiva, pública o privada, sin barreras administrativas. Para ello, se necesita un fideicomiso que garantice pagos oportunos y transparentes a los prestadores. Además, se debe introducir gestión profesional con evaluación permanente de desempeño, revisión de esquemas de incentivos y digitalización integral de procesos. No se puede premiar con bonos un sistema que atiende menos y peor. Replicar los casos exitosos de asociaciones público-privadas es otra prioridad.
La salud es un pilar de competitividad país. Si se busca crecimiento sostenido, formalización y reducción de pobreza multidimensional, hay que empezar por garantizar servicios oportunos y de calidad. El Perú necesita tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. En salud, hoy necesitamos un Estado que gestione mejor, rinda cuentas y permita que la complementariedad público-privada funcione. No hay más tiempo que perder.
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