En los últimos días, un policía de la unidad de seguridad bancaria disparó y mató a un ciudadano venezolano durante una intervención en Los Olivos. El hecho, que está siendo investigado, ocurrió cuando el sujeto, junto a su cobradora —quien agredió al agente—, se resistió a la autoridad e intentó embestir al efectivo para escapar. La Defensoría del Policía ha respaldado al agente, pero otras voces sostienen que hubo un exceso que debe ser sancionado.

Más allá de este caso puntual, que merece un análisis detallado para determinar si se actuó conforme a los procedimientos, preocupa una tendencia creciente: muchos choferes de transporte público oponen una resistencia ilegal y salvaje a las intervenciones policiales o administrativas. Ya sea porque no tienen la documentación en regla o porque creen que aquí impera la ley de la selva, estos conductores convierten cada control en un riesgo.

Son numerosos los policías e inspectores de tránsito que resultan embestidos, secuestrados dentro de unidades en fuga o agredidos por energúmenos al volante, muchos de ellos extranjeros. Actitudes como estas no se pueden tolerar en ningún país donde las autoridades deben ser respetadas, y quienes las cometen deberían recibir las más duras sanciones penales.

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