Una auditoría de la Contraloría reveló que el actual ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, acondicionó los términos de referencia de un contrato de asesoría para beneficiar al general EP en retiro Carlos Díaz Dañino, su amigo y exministro de Defensa. Según el órgano de control, Acuña forzó los Términos de Referencia (TdR) para adecuar la necesidad de los servicios al perfil profesional de Díaz, pese a que este no cumplía con los requisitos exigidos. El contrato, firmado en 2025 cuando Acuña era viceministro de Hacienda, estableció un pago mensual de S/15.600 a favor de Díaz.

Ambos funcionarios tuvieron un papel clave en la polémica compra de 12 aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, en abril de este año. El 20 de abril, desoyendo la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la adquisición hasta el próximo gobierno, Carlos Díaz, entonces ministro de Defensa, autorizó a la Fuerza Aérea del Perú la suscripción del contrato. Dos días después, el 22 de abril, Rodolfo Acuña, como titular del MEF, autorizó el primer pago de US$462 millones a favor de Lockheed Martin, contradiciendo la postura del jefe de Estado, quien había criticado la compra.

La auditoría de la Contraloría determinó que la modificación de los TdR por parte de Acuña vulneró las normativas del Viceministerio de Hacienda. El informe detalla que el perfil profesional de Carlos Díaz no se ajustaba a lo requerido para el puesto de asesor, pero el entonces viceministro forzó los términos para justificar la contratación. La auditoría reveló que Rodolfo Acuña modificó los Términos de Referencia para beneficiar al exministro de defensa, contradiciendo las normativas del Viceministerio de Hacienda. Foto: composición LR

La auditoría de la Contraloría señala que Rodolfo Acuña, viceministro de Hacienda, acondicionó los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de un asesor, estableciendo requisitos que coincidían con el perfil de Carlos Díaz Dañino. Entre estos se incluyó la carrera de Ciencias Militares, una especialidad que, según el ente fiscalizador, no guardaba relación directa con las funciones requeridas ni figuraba en el Manual de Perfiles de Puestos del Viceministerio de Hacienda. La Contraloría también indica que las funciones descritas en los TdR excedían el carácter temporal y especializado necesario, pues correspondían a actividades permanentes de la administración pública. El informe detalla que Acuña solicitó a Cynthia Ormeño Yori, jefa de la Oficina General de Administración, la contratación de un locador, “proponiendo a Carlos Díaz Dañino, y para tal fin adjuntó los anexos y la documentación establecida en los lineamientos”. La Contraloría remarca que los viceministros sí tenían la responsabilidad de formular el requerimiento y supervisar el contrato, pese a que el titular del MEF, consultado por La República, respondió a través de su oficina de prensa que “los viceministros no elaboran los Términos de Referencia (TdR)” y que su despacho ha sido riguroso con todas las contrataciones. Por su parte, Carlos Díaz Dañino rechazó lo señalado por la Contraloría y aseguró que su contratación se realizó conforme a las normas vigentes.

La Contraloría también identificó una reunión entre Rodolfo Acuña y Carlos Díaz como parte de los hallazgos. Según el informe, el 18 de agosto de 2025, un día antes de la suscripción del contrato, Acuña sostuvo un encuentro de aproximadamente una hora con Díaz en su despacho. Consultado sobre esta cita, Díaz no la negó, aunque descartó que estuviera relacionada con su contratación, que tuvo una vigencia de cuatro meses y 12 días —entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2025— por un monto total de S/62.400. “No sostuve reuniones con el señor Rodolfo Acuña orientadas a gestionar o concertar mi contratación”, afirmó.

“Fui contratado en atención a mi trayectoria profesional y experiencia en gestión pública, sin que haya solicitado o conocido la elaboración de los términos de referencia”, dijo a este diario. “Tampoco he sido favorecido mediante ningún trato preferencial ni intervine en la elaboración o definición de los términos de referencia. Mi participación como locador respondió a un requerimiento de la entidad, dentro del marco legal aplicable”, señaló Díaz.

La auditoría también reconstruye las observaciones formuladas durante la revisión administrativa del expediente. Conforme a la misma, la Contraloría identificó una secuencia de hechos que presuntamente orientaban la contratación específica de Carlos Díaz como asesor de su despacho.

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