Un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia —iniciativa del BCP y la consultora Capital Humano y Social— revela que el robo de celulares con fines de vulnerar cuentas bancarias se ha disparado en el último año. A diciembre de 2025, el 22% de los encuestados mayores de 18 años afirmó haber sido víctima de ese delito o conocer a alguien que lo sufrió, mientras que en diciembre de 2024 la cifra era solo del 12%.
Eso significa que el número de peruanos afectados pasó de 2.970.000 a 5.450.000 en doce meses. Según el reporte, “representa un crecimiento de algo más del 80% en la vulneración de información bancaria, incrementando el daño patrimonial de las víctimas de la inseguridad”.
Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social, explicó que “ese crecimiento ha sido realmente la mayor sorpresa que hemos tenido (en el reporte). La criminalidad común entrega (el celular robado) a la criminalidad organizada, que extrae la información con dos propósitos: vaciar cuentas y vender los contactos para (realizar) estafas”. Y enfatizó: “(Ese delito, en el 2025) ha afectado a 2.480.000 personas adicionales al 2024”.
Valdés consideró que el Gobierno debería tomar nota de estos datos, pues implican analizar no solo cuántos sufren el robo del teléfono, sino qué hacen los delincuentes con él: vaciar cuentas bancarias. En la misma línea, Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, comentó a Gestión que “(las cifras revelan que) sí hay una tendencia a que se produzcan robos de celulares para poder desbloquear datos y acceder a cuentas bancarias. Eso es un reemplazo de lo que ocurría antes con los secuestros al paso, donde te llevaban con tu tarjeta y te obligaban a sacar dinero del cajero”.
En el informe también se advierte que hoy existen organizaciones criminales muy especializadas capaces de vaciar en solo minutos las cuentas bancarias a través de los celulares robados. A esto se suma que una cuarta parte de la población del país mayor a 18 años —más de seis millones de personas— indica conocer a alguien o haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses. Ese 25% se mantuvo en 2025 en un nivel similar al del año previo, pero se observa que parte de la extorsión se ha desplazado de Lima hacia el interior del país y de la zona urbana hacia la zona rural, lo que se explica por una mayor diversificación territorial del negocio extorsivo.
En términos regionales, esa ampliación se verifica especialmente en el centro del país, donde la incidencia creció de 15% en 2024 a 23% en 2025, un aumento de ocho puntos que representa un incremento del 53%. “En conjunto, el crecimiento (de la extorsión) en las regiones centro, sur y oriente parecería ser consecuencia de la disminución de 2% en Lima, zona de mayor concentración poblacional, y de la disminución de 5% de la incidencia extorsiva en el norte del país. En cualquier caso, la mala noticia es que el negocio criminal de la extorsión no ha disminuido, sino que se ha redistribuido a nivel nacional”, advierte el referido informe.
Otra amenaza que sigue escalando en el país son los préstamos extorsivos. Entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025 subió de 15% a 19% los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta: en los últimos tres meses, ¿usted o alguien que conoce ha sido víctima del crédito ‘gota a gota’? Es decir, involucra a la quinta parte de los ciudadanos adultos. Lo llamativo, además, es que la incidencia ha bajado un punto porcentual en Lima, mientras que el crecimiento de este delito en provincias ha sido “significativamente mayor”, de acuerdo con el informe.
En ocho regiones del país (incluyendo el Callao) se concentró el 84% de los homicidios registrados durante el 2025: de los 1,826 documentados a nivel nacional, 1,532 ocurrieron en esas zonas, según el reporte del BCP y CHS. En Lima y Callao, 20 de sus 50 distritos concentraron 643 de los 705 homicidios totales, es decir, el 91% de las víctimas. Frente a estas cifras, Carlos Basombrío, exministro del Interior e investigador en seguridad, expresó su preocupación y sostuvo que se podrían estar “adulterando cifras” en la base de datos de la Policía, además de detectar inconsistencias “muy llamativas” en el Sinadef.
En paralelo, el financiamiento ilegal conocido como ‘gota a gota’ sumó un millón de nuevas víctimas en los últimos 12 meses, alcanzando un total de cinco millones de peruanos afectados. “Las personas que se han incorporado (como víctimas durante el último año) tienen las características de ser básicamente del interior del país y del ámbito urbano”, resumió Valdés. El especialista precisó que esta modalidad creció principalmente en ciudades cercanas a Lima como Cañete, Huaura, Chincha e Ica, y también se expandió en el centro del país: Huancavelica, Huancayo, Jauja, Pasco y Huánuco. “El centro ha tenido un crecimiento muy fuerte a nivel de préstamo ‘gota a gota’ de cerca de 130%”, dijo.
En cuanto a los reclamos por robos de celulares y vulneración de cuentas bancarias, Álvaro Castro explicó que en la modalidad clásica de secuestro al paso, la víctima normalmente asume el perjuicio. “Será un delito, habrá que perseguir al delincuente, pero el banco no tiene responsabilidad”, dijo el abogado.
Cuando una persona es víctima del robo de su celular, la rapidez para bloquear las cuentas bancarias resulta clave. En uno de los escenarios posibles, la víctima no se percata del hurto de inmediato y los delincuentes realizan consumos no reconocidos. Ante esa situación, el afectado debe presentar un reclamo ante el banco, que evaluará si el mecanismo de autenticación y validación de identidad empleado fue razonable para determinar si era el cliente quien realizaba la operación, según explicó Castro.
Si los consumos fueron pequeños, la entidad financiera podría argumentar que dicha operación se enmarcaba dentro de una conducta habitual del usuario. No obstante, “si las transacciones se salen del patrón, si las circunstancias justificaban el sospechar de la operación y el banco no aplicó ningún mecanismo de verificación adicional de identidad, entonces (como consumidor) puede ir a Indecopi”, señaló. En caso de que el reclamo no sea resuelto a favor del consumidor, este tiene la opción de acudir al Indecopi para impugnar la decisión.
En conclusión, el banco podría reponer el dinero a la víctima si las transacciones realizadas por el delincuente fueron sospechosas y no se aplicó ningún método extra para validar la identidad del titular de la cuenta. Por ello, es fundamental bloquear las cuentas bancarias lo más rápido posible tras el robo del móvil.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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