Extorsiones y cierre de negocios: el 45% de peruanos ya ha visto el impacto de la delincuencia en su barrio

Los números no dejan duda: el crimen se viene extendiendo de forma acelerada ante la pasividad de las autoridades que hoy están de salida. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia —iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, BCP y Capital Humano y Social (CHS)—, cerca de la mitad de los peruanos ha presenciado el cierre de negocios a consecuencia de la delincuencia.

El reporte, basado en una encuesta Ipsos a nivel nacional de mayo último, revela que un 45% de los encuestados afirmó que durante los últimos 12 meses él, ella o alguien de su barrio frecuentaba negocios como bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias, entre otros, que tuvieron que cerrar o restringir sus actividades por la inseguridad ciudadana. El principal motivo señalado fue la extorsión.

“Ese 45% involucra a 11,400,000 personas, es decir (en un año) hemos crecido en más de 3,200,000 personas (adicionales) que perciben la afectación de la inseguridad en la vida económica del país”, señaló Ricardo Valdés, gerente general de CHS. En el mismo reporte de hace un año, la cifra era del 32% (8 millones de peruanos), lo que representa un salto de 13 puntos porcentuales.

Incidencia

La incidencia de este indicador es más alta en la capital, donde el 59% dijo haber sido testigo del cierre de negocios. Es decir, seis de cada 10 ciudadanos encuestados en Lima dan cuenta del impacto de la inseguridad en el último año, lo que pone en jaque los ingresos de las familias —muchas tienen un negocio— como consecuencia de la inseguridad y, en particular, de la actividad extorsiva.

“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, manifestó Valdés. El especialista añadió que “lo que es muy importante no solamente es la cifra total, sino que no hay sitio, no hay lugar de todo el Perú que no haya sufrido ese impacto (de la inseguridad en los negocios)”.

De acuerdo con el informe, el impacto del crimen en la salud mental ha sufrido un incremento significativo. El porcentaje de la población adulta del país que considera que sus niveles de ansiedad y estrés se han elevado como consecuencia de la inseguridad ciudadana ha crecido en siete puntos porcentuales: pasó del 29% al 36% en tan solo un año.

Un estudio de la Universidad de Piura estima que el impacto de la delincuencia es de 3.1% del PBI. Por lo tanto, si se toma en cuenta el crecimiento económico previsto para el 2026, el perjuicio de la criminalidad sería de aproximadamente US$ 11,800 millones durante este año, estimó Valdés.

El referido estudio también reveló que el 81% de la población afirmó haber recibido mensajes sospechosos o potencialmente fraudulentos en el 2025, similar al 79% registrado en el 2026. Dichas comunicaciones se dieron mediante redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto, con fines potencialmente criminales.

El socio de Damma Legal Advisors, Álvaro Castro, señaló que no sorprende que los delincuentes recurran cada vez más a las redes sociales para contactar a sus víctimas, ya que las personas, por temor a ser extorsionadas, ya no suelen contestar llamadas telefónicas. Como medida de prevención, Castro recomendó dificultar que terceros compartan el número celular propio. “Yo puedo darle mi teléfono, por ejemplo, a una empresa, pero las compañías a veces no custodian adecuadamente los datos personales y esa información termina siendo robada o traficada”, alertó. También sugirió configurar el perfil en modo privado, no público, y ser cuidadoso con la información que se divulga, como datos personales de los hijos o imágenes que puedan sugerir riqueza. “Hay que tener un autocuidado”, afirmó. Por su parte, Valdés reflexionó que “el vehículo que se emplea para la extorsión es Facebook y WhatsApp. Por eso el estado de emergencia no funciona, porque es una medida para controlar el territorio. Tú (como autoridad) no controlas el WhatsApp ni el espacio o mundo digital”. Advirtió que existe un movimiento económico “enorme” en el espacio virtual, difícil de calcular, y sostuvo que el Perú debería firmar el segundo protocolo de Budapest para poder, por ejemplo, solicitar a Meta y acceder de forma inmediata a la información de la persona detrás de una cuenta específica de WhatsApp. El exministro del Interior Carlos Basombrío advirtió que “los choferes más experimentados se están yendo del país, a España, por ejemplo”, según el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Esta migración masiva de conductores de transporte público tiene como consecuencia una disminución en la calidad del manejo, ya que quienes reemplazan a los que abandonan el país carecen de experiencia, lo que incrementa los accidentes. A esto se suma que los choferes del Metropolitano también están siendo extorsionados. El informe señala que los delincuentes apuntan directamente contra ellos, debido a que los concesionarios les resultan casi inaccesibles. El mismo estudio reveló que, entre enero de 2018 y enero de 2026, la población de presos por extorsión solo pasó de 1,328 a 1,498. En contraste, los encarcelados por incumplir obligaciones alimentarias llegaron a 2,469 en enero de 2026. “Creo que eso es una ofensa al país que tiene que subsanarse”, sostuvo Basombrío.

Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

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