En el Perú, la población económicamente activa (PEA) asciende a 18 millones de personas, pero más de 13 millones (72%) se desempeñan en empleo informal, es decir, sin regulación laboral ni protección social. Frente a este panorama, la red global WIEGO, junto a un panel de expertos en análisis del empleo peruano, sugirió que los candidatos a las elecciones 2026 deben priorizar propuestas para reducir el empleo informal urbano.

“Sucede que el empleo agropecuario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) aumenta el total de empleo informal porque en casi su totalidad lo es, y además tiene características de vida muy diferentes. Retirarlo del análisis permite precisar la relación entre el empleo informal urbano y la pobreza en el mismo ámbito”, precisaron desde WIEGO.

En el taller “Pobreza urbana y empleo informal en período electoral”, especialistas comentaron lo presentado por WIEGO y advirtieron por qué esta problemática debería estar incluida en los planes de gobierno de los comicios generales del 2026. Miguel Jaramillo, experto en empleo de GRADE, señaló que la informalidad laboral es uno de los problemas estructurales que enfrenta el país y que la pandemia de la COVID-19 la agudizó. “El cercano panorama electoral ofrece una gran oportunidad para preguntarnos ¿qué podemos esperar del poder político?”, indicó.

Jaramillo también advirtió que en los últimos años el país registró solo un crecimiento de 3%, por lo que el mercado laboral no ha crecido lo suficiente para absorber la “mano de obra” de la población.

Yohnny Campana, especialista en pobreza urbana de Macroconsult, señaló que actualmente el 73% de los pobres residen en zonas urbanas y que las políticas estatales no han cambiado ni respondido con la urgencia que demanda la “urbanización de la pobreza”, fenómeno directamente ligado al empleo informal. Subrayó que la informalidad es una respuesta racional a una regulación rígida y costosa, por lo que la gestión pública —especialmente a nivel municipal— debe integrar la economía popular al desarrollo local en lugar de reprimirla o ignorarla. Afirmó también que la mejor política social es el crecimiento económico, pero precisó que las políticas de protección social más innovadoras pueden elevar la productividad; mencionó como ejemplos los centros de cuidado infantil cerca de los centros laborales y las transferencias asociadas a nuevas condicionalidades. Previamente, se había enfatizado que las nuevas autoridades deben priorizar un crecimiento económico sostenido y destrabar la inversión pública. Además, se apuntó que incrementar la inversión privada generaría las condiciones para que más personas accedan al empleo formal. En cuanto al perfil del trabajador informal peruano, según el análisis de WEIGO, la mayoría de los trabajadores independientes del empleo informal urbano son mujeres en edad reproductiva que cuidan niños pequeños, o mujeres a cargo de adultos mayores o personas con discapacidad. Casi la mitad de estos trabajadores solo alcanzó como máximo la secundaria incompleta. La proporción de adultos mayores es significativamente mayor que en el empleo formal, y en general enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad en vivienda, lugar de trabajo y acceso efectivo a servicios de salud, entre otros aspectos. De acuerdo con estimados basados en datos de la ENAHO 2024, los sectores que lideran el trabajo informal independiente en el Perú son los comerciantes de vía pública (1.2 millones), los trabajadores en domicilio dedicados al comercio (1 millón), las trabajadoras del hogar (casi 400 mil) y los mercados (350 mil). Según WIEGO, múltiples factores explican por qué estos trabajadores no logran mejorar su productividad ni acceder a mayores ingresos. Entre ellos se encuentran la falta de crédito, la vulneración constante de los espacios donde laboran, la consecuente pérdida del capital de trabajo, la inseguridad y la falta de acompañamiento técnico para alcanzar mejores condiciones laborales. En ese contexto, Carmen Roca, representante de WIEGO en Perú, recordó que los partidos políticos tienen hasta el 23 de diciembre para presentar sus planes de gobierno y advirtió que no se está abordando la aumentada pobreza urbana que afecta a casi 5 millones de trabajadores autoempleados y trabajadoras del hogar del empleo informal. “El vínculo entre el empleo informal independiente y la pobreza urbana es el eslabón perdido en las políticas públicas que buscan reducir la pobreza, no considerado en el discurso electoral ni gubernamental. Los pobres no esperan sentados en casa que venga un programa social a ayudarlos. Los ciudadanos en condición de pobreza trabajan, la mayoría trabaja en comercio”, remarcó. Por otro lado, WIEGO también presentó los resultados de un estudio realizado entre mil comerciantes de vía pública (mercados en la calle “paraditas”) de 10 distritos de Lima Metropolitana. Esta investigación forma parte de un estudio global en áreas urbanas que incluyó a Bangkok en Tailandia, Delhi en India y varias ciudades de Brasil. La encuesta revela que el 70% de los participantes son mujeres, el 87% tiene tareas de cuidado de otros, el 23% son adultos mayores y el 19% son jóvenes. “Llama la atención que el 70% tiene a más de tres personas que dependen de sus ingresos diarios”, detalló el estudio. La venta de alimentos perecibles es el giro principal para más de la mitad de los encuestados, lo que confirma el rol de las paraditas en la seguridad alimentaria de los pobladores pobres. Más del 20% indicó haber iniciado este trabajo hace cuatro años o menos, coincidiendo con la pandemia. Casi la totalidad de los vendedores paga a diario por servicios de limpieza, almacén y seguridad en su “paradita”. En los distritos con menos desalojos recientes, también abonan diariamente a la municipalidad por limpieza. Sin embargo, el 82% afirma no contar con licencia o permiso para vender en la vía pública, pese a haberlo solicitado. La mitad asegura haber sido acosada por personal municipal para impedirle trabajar. La confiscación de mercadería llega al 20% en el Cercado de Lima, lo que significa la pérdida total del capital de trabajo. En San Juan de Lurigancho, el problema de seguridad es claro: un 59% declara ser víctima de extorsión o cobro de cupos. Para casi la totalidad de los participantes del estudio, el costo de vida ha aumentado, los productos que compran están más caros, las ventas han disminuido y no están pudiendo ahorrar. Dependiendo del distrito, entre el 55% y el 81% coinciden en que los ingresos de los adultos no alcanzan para cubrir los costos básicos del hogar.

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