La minería ilegal del oro no descansa. Ahora pretende colocar a uno de los suyos en la alcaldía de Pataz, el principal centro de operaciones de esa actividad ilegal y criminal. En las elecciones municipales y regionales de octubre próximo, los dos únicos candidatos que postularán a ese municipio están ligados a ese rubro que mueve ingentes cantidades de dinero. Se trata de José Torrealva Iparraguirre, del partido Podemos Perú (PP), y Miguel Mantilla Rodríguez, que va por Alianza Para el Progreso (APP). Ambos tienen una influencia determinante en la zona.

No es la primera vez que el crimen organizado logra infiltrarse en la política. Ya antes consiguió colocar a tres diputados y dos senadores en el Congreso Bicameral que empieza sus funciones el 28 de julio. Ahora, con la mira puesta en Pataz, la violencia no cesa. Solo entre los años 2017 y 2024 se han registrado 600 atentados contra los obreros formales con armas de fuego y explosivos. Los sicarios de los mineros ilegales han dinamitado sus socavones en plena labor, destrozando sus cuerpos o matándolos por asfixia.

En esa tierra de nadie, los mismos mineros ilegales están enfrentados a muerte para tomar el control total del negocio. Ya muchos se han olvidado de un hecho macabro descubierto en octubre del año 2024: en una zona llamada Tolvas fue encontrada una fosa común con catorce cadáveres de personas que habían muerto en enfrentamientos entre bandas o por ajustes de cuentas. La desaparición de personas es constante. Hace unos años, el exconsejero regional de La Libertad, Robert de la Cruz, documentó la desaparición de 280 personas, solo entre el 2015 y el 2019.

En Pataz, a donde diariamente llegan legiones de individuos, especialmente de nacionalidad venezolana para trabajar en túneles de la minería ilegal, la gente desaparece como por arte de magia. Antes de hablar de los antecedentes de los candidatos, es bueno recordar que en esa convulsionada zona operan mineras legalmente constituidas cuyos trabajadores son los que sufren las consecuencias.

Miguel Mantilla, por su parte, registra cinco empresas: tres de transporte de carga y dos dedicadas a operaciones mineras. José Torrealva, quien ya fue alcalde de ese municipio entre 2015 y 2018 y preside la Asociación de Mineros Artesanales, es dueño de cuatro firmas vinculadas al transporte o explotación del oro; una de ellas se dedica a almacenar explosivos, la principal arma que utilizan los que atacan a las minas formales. Torrealva ha tenido un papel protagónico a favor de los mineros informales y era asiduo visitante de congresistas de distintas bancadas que respaldaron la ampliación del Reinfo, ese oscuro sistema que permite a la minería ilegal operar al margen de la ley.

En el Congreso que se va, más de 80 parlamentarios apoyaron la extensión de esa norma, pese a que prometieron anularla. Entre ellos hay varios que han logrado su reelección y pertenecen al partido de la presidenta electa Keiko Fujimori. El gobierno de Keiko Fujimori tendrá que enfrentar con mano firme, sin medias tintas, a la minería ilegal. No la tendrá fácil. Ese sector mueve millonadas de dólares, capaz de desestabilizar a cualquier régimen. Veremos su temple y aplomo. Nos vemos el otro martes.

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