La política tributaria se posiciona como un eje central en los planes de gobierno de las principales agrupaciones políticas de cara a las elecciones generales de 2026. Temas como presión tributaria, formalización, exoneraciones, minería, disciplina fiscal y estabilidad de las reglas económicas aparecen de forma recurrente, aunque con enfoques distintos según cada propuesta. Más que anticipar decisiones definitivas, el análisis de estos documentos permite identificar tendencias e implicancias para los contribuyentes en el próximo quinquenio.
Para quienes ya operan en la formalidad, el escenario no apunta necesariamente a un aumento inmediato de impuestos, pero sí a un mayor escrutinio. Incluso en planes que descartan subir tasas, se plantea fortalecer la recaudación mediante una fiscalización más intensiva, mayor interoperabilidad de información y uso de tecnología. Esto podría traducirse en más cruces de datos y un mayor énfasis en la consistencia entre lo declarado y la actividad económica real.
En el ámbito de los impuestos directos, las propuestas divergen. Algunas agrupaciones plantean nuevos gravámenes o mayores cargas sobre rentas altas, mientras que otras priorizan ampliar la base de contribuyentes. Para empresas y personas con estructuras complejas, esto introduce un factor de incertidumbre que obliga a seguir de cerca la evolución del debate.
Más allá de sus diferencias ideológicas, estos documentos permiten identificar los temas que ingresan con mayor fuerza a la agenda fiscal y las principales coincidencias y divergencias. La primera aproximación al debate económico y tributario del próximo quinquenio ya está sobre la mesa, con la fiscalización y la formalización como ejes transversales.
La formalización se perfila como el objetivo transversal de la agenda. Para las empresas ya formales, un avance en este frente podría traducirse en una mayor equidad competitiva, aunque también implicaría nuevas exigencias en el control de proveedores y cadenas de valor. Para quienes aún no tributan, se plantea una combinación de incentivos para la entrada y una fiscalización más intensa.
En el ámbito de las exoneraciones y beneficios tributarios, el impacto más tangible podría sentirse. La mayoría de las propuestas coincide en la necesidad de revisar el sistema, pero difieren en la velocidad de los cambios. Para los sectores que hoy operan bajo regímenes especiales, esto podría significar evaluaciones más frecuentes, condiciones adicionales o ajustes que afecten costos y decisiones de inversión.
El sector minero es otro foco de atención: todos los planes coinciden en que debe aportar más, aunque con instrumentos distintos. Esto podría traducirse en mayores exigencias de trazabilidad y control, incluso si no se modifican las tasas impositivas.
Paralelamente, resurge el debate sobre la estabilidad de las reglas económicas. Mientras algunas propuestas plantean revisiones, otras las defienden como condición indispensable para la inversión, lo que introduce un elemento de incertidumbre en el mediano plazo.
Finalmente, hay temas que permanecen poco abordados en la discusión, como la tributación de la economía digital, la implementación de los estándares de la OCDE y el G20, la reforma del Tribunal Fiscal, la modernización del impuesto predial o la simplificación del Código Tributario. En conjunto, los planes no trazan un único camino, pero sí anticipan un entorno donde la política fiscal seguirá siendo central y el statu quo difícilmente se mantendrá intacto.
Rafael Martinelli es Counsel en Garrigues.
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