La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, planea tomar como referencia las acciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para enfrentar la inseguridad en Perú durante un eventual gobierno. Así lo reveló en una entrevista con el medio ecuatoriano El Universo, donde aseguró que ha conversado con Noboa y que "existen muchas similitudes en la problemática" entre ambos países, por lo que espera compartir "muchas soluciones".

Sin embargo, el modelo de seguridad que Fujimori pretende emular ha sido severamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Durante el mandato de Noboa, quien asumió funciones el 23 de noviembre de 2023, Ecuador ha registrado un deterioro en esta materia con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y la declaración de un conflicto armado interno sin cumplir criterios objetivos, según diversos informes.

Pese a ello, la candidata fujimorista considera que Noboa "ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo, de construir cárceles de manera inmediata, de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada". En esa línea, afirmó: "Eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, en cuidar nuestras fronteras sin que estas se vean afectadas en el comercio exterior. Pero sí somos muy conscientes que vamos a trabajar juntos".

Fujimori también anunció que planea convocar a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia y de mayor necesidad, como las fronteras. "Que las FF.AA trabajen con la Policía Nacional en las cárceles, junto con el Instituto Penitenciario", declaró, aun cuando la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha vulnerado los derechos humanos durante la gestión del mandatario ecuatoriano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch alertaron sobre esta situación. En enero de este año, la CIDH solicitó medidas cautelares para los reclusos del Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 1, la Penitenciaría del Litoral, al identificar problemas estructurales, acceso limitado a atención médica, severo hacinamiento y, sobre todo, casos de tuberculosis. Previamente, el 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del barrio "Las Malvinas" en Guayaquil. En enero de 2024, Noboa calificó a las organizaciones narcotraficantes como "terroristas" y declaró un "conflicto armado interno", además de prorrogar constantemente los estados de excepción. Human Rights Watch envió una carta al presidente ecuatoriano señalando que la existencia de un conflicto armado "no depende de la declaración que haga un gobierno", sino de criterios establecidos que, según consideran, no se cumplían. La organización advirtió que esta denominación tiene "consecuencias en la vida de los ecuatorianos", ya que el derecho internacional permite un uso más amplio de la fuerza, incluida la fuerza letal, en contextos de conflicto armado. Asimismo, Human Rights Watch enfatizó que los resultados en seguridad no han sido los mejores. "Como ha señalado su gobierno, el número de 'muertes violentas' disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. Sin embargo, el aumento en los niveles de extorsión y secuestro, así como los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión, muestran que la situación de seguridad sigue siendo grave", indicaron. Añadieron que aumentaron las detenciones en flagrancia, pero estas responden a delitos menores y no a gran escala. Por su parte, Amnistía Internacional alertó que "la militarización de la seguridad pública ha aumentado aún más los peligros y dificultades a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos".

Política represiva no sería eficiente en Perú

Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos e integrante del IDL, calificó de "desastroso" el escenario ecuatoriano y resaltó que no se han generado grandes resultados. En su lugar, indicó, se ha deteriorado la vigencia del Estado de derecho, se ha militarizado la seguridad pública y han disminuido las condiciones de gobernabilidad. Emular estas medidas en Perú sería como "echarle leña al fuego" y no sería eficiente porque las características de la criminalidad son muy diferentes de las del país vecino.

"En Perú me parece que la criminalidad ha tomado otra dirección y es la de aproximarse a los grupos de poder. Por ejemplo, casos como la minería ilegal y organizaciones criminales que han sido vinculadas al poder", declaró a este medio. Añadió que, a diferencia de Ecuador, un hecho como la toma de TC Televisión por un grupo armado en Guayaquil no podría ocurrir en Perú porque "el crimen organizado no tiene la necesidad de hacer un acto de tal envergadura" debido a que "las prebendas y los beneficios los ha obtenido desde la política".

Rivera también resaltó que en Perú ya se han tomado ciertas medidas "represivas", pero sin resultados. "La tipificación de nuevos delitos, la militarización de zonas como Pataz, el debate constante que hay de permitir a las Fuerzas Armadas tener competencia sobre asuntos de seguridad pública y demás. ¿Han dado resultado? Yo diría que no", dijo. En ese sentido, considera que las políticas de mano dura, en lugar de reducir la criminalidad, van a afectar a la ciudadanía en temas de derechos humanos. "Lamentablemente el fujimorismo siempre está bastante vinculado a expresiones o a reacciones de militarización del tema de la inseguridad", anotó.

Escenarios de Ecuador y Perú son diferentes

Por su parte, el internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar coincide en que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue "disparada" en Ecuador. "La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, 'bukelizar' las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta", manifestó a este medio.

El abogado constitucionalista Rafael Rodríguez advirtió que a Keiko Fujimori no le conviene recurrir a la calificación de "terroristas" y "conflicto armado interno" que realizó Daniel Noboa, pues la ciudadanía recordaría lo sucedido durante la gestión de su padre. "Ella, el fujimorismo y cierto sector del país siempre han sido renuentes a hablar de conflicto armado", anotó. Agregó que "durante su discurso del 28 de julio ya podríamos conocer las estrategias concretas de carácter legislativo que el nuevo gobierno quiere implementar y, a partir de ello, estar atentos".

Previamente, se explicó que en el caso de El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, por lo que "trasplantar" una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un "desacierto, una falta de información y entendimiento".

Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales. Sin embargo, no sería favorable incluir a las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas porque no están calificadas para esa labor.

"Yo creo que lo que más ha dado resultado en el Perú, incluso en la época del terrorismo y el conflicto armado que sostuvo el Estado contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, fue la inteligencia policial", expresó. Por ello, enfatizó que "una política contra la criminalidad en el Perú debe tener un perfil propio. Se pueden recoger experiencias de otros países, pero no simplemente clonarlas o copiarlas". Sobre todo, a fin de evitar a toda costa vulnerar inútilmente los derechos de las personas. "En el momento en que se cruza esa línea, ya es difícil volver", alertó.

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