Veinte años después de aquella cena en 2006, la historia fiscal se repite pero con cifras aún más abultadas. En aquel entonces, entre la primera y segunda vuelta electoral que disputaban Alan García y Ollanta Humala, un amigo común invitó al exjefe de la Sunat a una reunión con el candidato aprista. García, quien sería presidente del quinquenio 2006-2011, quería conocer su diagnóstico sobre las finanzas públicas: la recaudación y el déficit del sector público. La respuesta fue clara: si ganaba, su gobierno gozaría de una situación fiscal boyante gracias a que los precios de los minerales estaban en niveles históricamente elevados. Así ocurrió: durante ese periodo no solo se elevó el gasto en inversión pública por encima del 5% del PBI, sino que se registraron superávits fiscales por primera vez desde que existen registros en el Banco Central de Reserva y la deuda pública se redujo de manera significativa.
Hoy, exactamente dos décadas después, se presenta un evento cuyo impacto en las finanzas públicas la mayoría de analistas no está considerando: los precios de los metales han crecido considerablemente en los últimos dos años y con mayor fuerza en los últimos seis meses. El precio promedio del cobre subió 8% en el 2025 y se encamina a crecer 35% este año. El del oro ha crecido 44% y 30%, respectivamente. El de la plata 42% y 80%. Incluso el del zinc ha aumentado 3% y 20% en estos años. Esto significa que el Gobierno de Keiko Fujimori, en cuanto a magnitud de recursos fiscales, será más afortunado inclusive que el Gobierno de García debido a que los precios de los metales superan largamente a los del periodo 2006-2011.
“Como suelo decirles a mis alumnos, a los peruanos se nos vuelve a aparecer la virgen cada cierto tiempo, como en el 2006 y antes en 1980”, señala el autor. Justo cuando los problemas fiscales parecen haber alcanzado al país, un ciclo excepcional de precios otorga un respiro. Esta bonanza ya impacta favorablemente en las finanzas públicas: en el 2025 se cumplió la regla fiscal del déficit, equivalente al 2.2% del PBI. A mayo de este año, el déficit fiscal es de 1.6% del PBI, por debajo del techo de 1.8% establecido para 2026. Se estima que, aunque el nuevo Gobierno necesite gastar más para enfrentar el fenómeno de El Niño, la regla fiscal se cumplirá con comodidad.
La reducción del déficit se debe en buena medida al aumento de la recaudación minera y, con ello, de los ingresos totales. No obstante, la recaudación podría crecer aún más si no fuera por el estancamiento o declive de los ingresos tributarios no mineros. Esto ocurre por el “festival de beneficios tributarios otorgados por el Congreso” y porque la Sunat no ha logrado disminuir la brecha de evasión tributaria. Como algunos críticos han señalado, la institución se ha dedicado a construir edificios y a incrementar personal. Parece un milagro divino, pero es la fortuna de un país rico en recursos naturales. Es como si la bonanza minera pudiera disimular los desequilibrios fiscales creados en el último quinquenio.
El Gobierno de Keiko Fujimori, que hereda un país fragmentado, no la tendrá tan fácil como el Gobierno de García de hace 20 años para aprovechar la bonanza financiera que trae la divinidad. Hoy existen riesgos que entonces eran mucho menores: el fenómeno de El Niño ad-portas, una institucionalidad debilitada, un crecimiento potencial más bajo y las “bombas de tiempo” del gasto y los ingresos fiscales. Lo paradójico es que, salvo los factores climáticos, su partido político, desde el Congreso de la República, ha contribuido a crear estos riesgos.
La bonanza minera no soluciona el problema fiscal estructural, solo lo oculta temporalmente. El FMI en su última visita ha estimado el déficit estructural —aquel que excluye el efecto de la bonanza minera sobre los ingresos— en más del 3% del PBI. A esto se suman algunos maquillajes para financiar el hueco que genera Petroperú. En el 2025 hubo apoyo directo del Tesoro, vía capitalizaciones y asunción de deuda. Este año, la situación calamitosa de la empresa se cubrirá con crédito con garantía del Tesoro, es decir de los contribuyentes, y esta modalidad no se refleja inmediatamente en el déficit fiscal, solo cuando la empresa no pague y se ejecuten las garantías. Finalmente, la reducción también se debe a un ajuste en la ejecución de la inversión pública.
Si quiere gozar plenamente de la bonanza financiera, el Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que optar entre dos opciones de política pública.
- Jugarse por las reformas fiscales necesarias, varias de ellas descritas en mi columna anterior, “Un acuerdo por la sostenibilidad fiscal”, que aquí enumero brevemente: la rectificación inmediata de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a los congresistas tener iniciativa de gasto; los cambios constitucionales necesarios para que cualquier tipo de gasto tributario se aprueben siempre que exista informe previo favorable del MEF; la revisión y racionalización de las exoneraciones tributarias; y la modificación normativa para darle estabilidad real al Jefe de la Sunat, quien deberá conducir una política nacional para reducir la evasión tributaria. Agregaría una reforma del Estado que simplifique estructuras organizacionales, normas y procesos.
- Disfrutar de los mayores ingresos fiscales haciendo obra pública y afrontando los riesgos, pero sin realizar reformas fiscales importantes. Más aún continuar con el otorgamiento de beneficios tributarios: amnistías, beneficios por repatriación, implementación de zonas económicas especiales.
La Virgen nos está dando una nueva oportunidad. No la volvamos a desperdiciar.
Luis Arias Minaya es economista.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
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